Política

Rechazado en el pleno el recurso contra la adjudicación de la gestión de la zona azul

Con los votos a favor del equipo de gobierno tripartito y los votos en contra de los partidos políticos de la oposición, el Ayuntamiento desestimó el recurso de reposición presentado por la empresa Continental Parking, S.L. –anterior adjudicataria del servicio– contra la adjudicación de la explotación del servicio ORA, incluyendo la retirada de vehículos con grúa y mantenimiento de semáforos, a la UTE Pavasal-Grúas Alacant.
La portavoz del PP manifestó que su partido votaría en contra de la desestimación del recurso “por coherencia”, a que no votaron a favor en el momento de la adjudicación, al considerar que había habido “un trato irregular”. Asimismo, Celia Lledó aseguraba que los ciudadanos ya estaban pagando las consecuencias de este contrato, pues aquellos a los que multaban por no pagar el ticket de aparcamiento en la zona ORA estaban sufriendo un agravio comparativo. Y es que, según ella, cuando antes de pagaba un ticket de 3 euros en el sobre que los controladores de la ORA dejaban en los vehículos multados para anular la denuncia, ahora la empresa adjudicataria ponía una sanción de 30 euros. Se está induciendo a un error a los ciudadanos, porque en el sobre se indica que la multa es de 30 euros, en lugar de poner que se puede anular la denuncia pagando 3 euros, decía.

Lledó pedía que se acabase con estas irregularidades y oscurantismo y se dejase de utilizar esta práctica. También exigía que el equipo de gobierno devolviera los 27 euros restantes a las personas que hubieran pagado los 30 euros para cancelar la denuncia y señalaba que si había que poner una sanción de esa cuantía debía hacerlo un agente de la Policía Local, y no un controlador de la empresa. En esta afirmación coincidía Antonio G. Agredas, portavoz de II, recordando que, anteriormente, cuando alguien no pagaba el ticket de 3 euros, días después el consistorio le comunicaba que tenía que pagar los 30 euros y no los controladores. Este además mostraba su disconformidad con la forma de contratación de la empresa y mantenía que, aparte del informe del técnico municipal aconsejando la desestimación del recurso de Continental Parking, el concejal debía haber llevado una propuesta solicitando lo mismo. Respecto a las multas, el concejal independiente esperaba que el edil de Policía respondiera qué iba a ocurrir porque si realmente ocurría lo que denunciaba el PP no se podía aceptar.

El concejal de Policía, Pedro M. Agredas, respondía al portavoz de Iniciativa Independiente que no había traído una propuesta al respecto porque en el informe del técnico municipal de administración general estaban muy claros los argumentos y éste no le había dicho que hiciera falta. En cuanto a las acusaciones de la concejala del PP, declaraba que “su falta de información le llevaba a cometer un gravísimo error”, puesto que desde que se creó la zona azul –gobernando el PP– la sanción por no pagar el estacionamiento había sido de, exactamente, 30’05 euros; es decir, que se cobraba lo mismo desde el inicio.

Sobre la imposición de la sanción, afirmaba que se encargaban los auxiliares de la empresa adjudicataria, y no agentes de la autoridad, “porque SUMA no permite tramitar en voluntaria estas multas, pero tiene que haber una medida coercitiva para que los ciudadanos paguen el ticket y por eso se retiran con grúa los vehículos que tienen más de 5 tickets sin pagar. Según él, la única diferencia respecto a la anterior concesión es que entonces no se informaba en el sobre de que la sanción era de 30 euros y ahora sí lo pone, en cumplimiento de la legislación vigente pero, además, los controladores informan a los ciudadanos de que lo que tienen que pagar para anularla siguen siendo 3 euros. Por último, aclaraba que era prácticamente imposible que alguien hubiera pagado los 30 euros a través de la máquina de la ORA, porque al anular la denuncia está imprimiría el ticket de los 3 euros y devolvería los otros 27 euros; si alguien lo había pagado poniendo los billetes en el sobre podía acudir al ayuntamiento y se le devolvería, concluyó.

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