Richart: “Si el PP pensase en el interés de la ciudad habría votado a favor de sacar a concurso el agua potable”

El que fuera edil de Obras, Juan Richart, sigue preguntándose por qué el equipo de gobierno no ha cumplido la sentencia que en 2007 obligaba al Ayuntamiento a anular la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado adjudicada en 2004. Además insinúa que se ha actuado así por algún interés personal oculto y que la contrata del servicio puede estar vinculada a algún proyecto que se esté llevando a cabo en la ciudad.
Después de que su propuesta fuera aprobada en el pleno con el apoyo del PSOE y la abstención de Los Verdes, el concejal ha explicado en rueda de prensa que lo único que pretendían era “que el servicio se adecuase a las actuales necesidades de la ciudad”. “Igual que los ciudadanos pagamos un canon cada 3 meses, tenemos derecho a que Ayuntamiento y empresa den un servicio en condiciones”, decía.

Según Richart, la anulación del concurso supuso “un perjuicio para Villena”, ya que en cuando se conoció la sentencia el Ayuntamiento ordenó a la adjudicataria paralizar las obras de alcantarillado y acometidas de agua que estaban pendientes, así que las actuaciones previstas no se han ejecutado y la empresa está trabajando en precario. Para Richart esto es grave, ya que en base al pliego del concurso la concesionaria debía invertir en mejorar las calles en peor estado, cuya prioridad establecía un informe de los técnicos municipales.

Se debía actuar en las calles Rodríguez, Calvario, San Fulgencio, Buenavista, S. Vicente, S. José, plazas de S. Crispín y Biar, Francisco Amorós, Ortigas, José Zapater, barrio de S. Francisco, etc. Esto suponía una inversión de 1 millón de euros, sin embargo, sólo se realizó el 20% de las obras y el 80% restante está sin ejecutar. “Además en el caso concreto de José Zapater, el PP actuó irresponsablemente pues la reurbanizó sin cambiar el alcantarillado y si con el nuevo contrato se arregla habrá que levantarla entera”.

Juan Richart no se explica por qué dos años y medio después del fallo judicial el equipo de gobierno sigue sin cumplirlo ni por qué se opusieron a la moción presentada por los concejales No Adscritos para que finalmente se licitase de nuevo la adjudicación de este servicio. Y si los informes que había al respecto eran contradictorios, como afirmó en el pleno el portavoz popular José Joaquín Valiente, “por qué se ha esperado tanto para pedir nuevos informes”, se pregunta.

El edil no adscrito recuerda que lo que se aprobó la semana pasada es que en 15 días se inicie el proceso para sacar a concurso el servicio y que en 2 meses se realice la adjudicación a alguna de las empresas que opte al mismo. “Si no se cumple este acuerdo plenario podríamos denunciar la actuación del equipo de gobierno, pues estarían cometiendo un delito de prevaricación”, concluye.