Aunque, aparentemente, tras la larga precampaña electoral, la campaña propiamente dicha y la jornada electoral del 27-M con su rotundo resultado, pudiera parecer que nos íbamos a encontrar, informativamente hablando, con un verano soso y alicaído, lo cierto y verdad es que la realidad, tozuda, se empeña en demostrarnos todo lo contrario.
Ya antes de nuestro pequeño descanso vacacional se habían presentado, de manera inesperada, dos temas que han suscitado no poco interés informativo: la polémica por el cambio de recorrido de la Retreta, que si bien aún no se ha resuelto parece haberse reconducido por derroteros más normales y civilizados, y la no menos llamativa algarada organizada alrededor de la casa de la calle Rodríguez que alberga a la Asociación de Vecinos de Las Cruces, otra cuestión que el nuevo equipo de gobierno ha podido reconducir mediante un acuerdo con la asociación, tal y como quedó puesto de manifiesto en el Pleno celebrado el pasado jueves.
Mención especial merece, con todo, la visita del Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, testigo de excepción privilegiado de la firma del protocolo para la rehabilitación de la plaza de toros de Villena. Tiempo tendremos en el futuro para valorar si el grado de compromiso con nuestra ciudad de la administración autonómica es tan elevado como parece, pero de lo que no cabe duda es de que el nuevo equipo de gobierno ha comenzado a trabajar desde el primer día en el desarrollo y consecución de su extenso y ambicioso programa electoral, algo a lo que también puede contribuir notablemente la Diputación Provincial, cuyo presidente, José Joaquín Ripoll, tiene desde ahora motivos más que evidentes para tener a nuestra ciudad entre sus favoritas.
Además de estos hechos, dos sucesos han acaparado no poca atención mediática: el rocambolesco intento de atraco de la sucursal de Banesto en Villena, que nos hizo saltar a las primeras páginas de la prensa provincial y regional merced a la exclusiva fotográfica de EPdV y el incendio, al parecer intencionado, que ha sufrido el inmueble que Tarsicio Hernández y su familia poseen en la pedanía de La Encina.
Si bien todo acto de esta índole es condenable, aún lo es más si pensamos que puede estar originado por la postura pública tomada por Tarsicio Hernández ante determinadas cuestiones de actualidad. Por ello, no cabe sino mostrar nuestra solidaridad con los afectados, condenar rotundamente el hecho y animar a las autoridades competentes a esclarecer lo antes posible el suceso, trasladando a sus autores al único lugar que merecen ocupar: un centro penitenciario.
