Villena tendrá que aceptar, por sentencia judicial, que lleguen residuos de fuera de la zona XIII
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso interpuesto por el ayuntamiento de Villena contra la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Alicante por la que se permite al Consorcio de Basuras de la Zona XIII trasladar basuras de la Vega Baja hasta la planta que gestiona Vaersa en nuestra ciudad.
La sentencia del tribunal alicantino impedía a Villena bloquear el acuerdo tomado el 11 de septiembre de 2013 en la Junta de Gobierno del Consorcio de Basuras de la Zona XIII para permitir el traslado de basuras de la Vega Baja hasta la planta de Vaersa en Villena. Al considerar a Villena parte perjudicada, los asesores legales del ayuntamiento plantearon el correspondiente recurso, pero el TSJCV, aun considerando excepcional el paso de vertidos de una zona a otra, entiende que las circunstancias la demora en la adjudicación del proyecto de gestión de la planta de residuos de la Vega Baja justifican la decisión.
Asimismo, valora que dicho traspaso de vertidos no es definitivo, sino una solución transitoria que debe durar un máximo de dos años, y aunque considera una falta de previsión el retraso en la adjudicación de la gestión del vertedero de la Vega Baja, se ampara en el principio de solidaridad para permitir la llegada a Villena de dichos residuos como solución transitoria para situaciones excepcionales. De hecho, la sentencia señala que si en un futuro hubiera problemas en el vertedero de Villena, los residuos de ese Plan Zonal tendría que recibirlos el vertedero de la Vega Baja.
Por último, y aunque la defensa del ayuntamiento apeló también al problema de los olores, el TSJCV considera que es una cuestión independiente de la resolución que estamos examinando y en todo caso solo vendría a incidir negativamente en un problema ya existente.
Por todo lo cual, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestima el recurso del ayuntamiento de Villena y le impone las costas judiciales, que fija en 500 euros a cada uno de los letrados de las partes y 334,34 del procurador de Vaersa, señalando que ya no cabe recurso alguno ante esta sentencia.
