Como en las cajetillas de tabaco, en las papeletas de voto creo que debería poner una frase similar, avisando a las personas, engañadas por la publicidad del producto, de los efectos que tiene. El PP condena a la marginación y pobreza a decenas de miles de personas en la Comunidad Valenciana, incumpliendo la ley, y a las pruebas me remito.
Hablamos del abandono del PP a sabiendas de los servicios sociales de la Comunidad Valenciana. En complicidad con el gobierno del PP estatal, han recortado gastos en servicios sociales justo cuando peor está económicamente la vida de las personas que precisan de los servicios. Más paro, menos prestaciones sociales, más coste de la vida, al que le han unido el copago. Maldito copago. Pero vayamos a las cifras.
El Informe DEC de 2014 no deja dudas. Entre 2011 y 2013 se recortaron en España 2.000 millones de de gasto en servicios sociales, y bajó el gasto por habitante del Estado en servicios sociales de 354 a 306 . A día de hoy se conoce que las cifras son todavía peores. Respecto a la Comunidad Valenciana, el informe es demoledor: una nota de 0,6 en el IHP y deja en 0 los derechos sociales reconocidos, en casi 0 la cobertura dada, y en 2 puntos el esfuerzo económico, el más bajo de todas las comunidades autónomas.
A nivel general, competencia del PP mayoritariamente, solo mencionaré que el Estado se debería ocupar del 50% del gasto en dependencia, y se ocupa del 22%, el sistema de ayudas ha perdido en 2014 47.000 personas dependientes, la mayoría por muertes. Para llorar: desde 2011, han muerto 100.000 personas en España mientras esperaban una ayuda que nunca llegó.
Recortes de gasto obligatorio de pagar en todas las partidas de servicios sociales, lo que provocó que el gasto en servicios sociales por habitante en la Comunidad Valenciana fuera de 196 (muy por debajo de la media nacional). La Generalitat solo invierte 5,89% de sus gastos en servicios sociales, por debajo de la media nacional del 7,74%. La Comunidad Valenciana es la que peor ratio tiene de trabajadores de Servicios Sociales en plantilla, son 1 por cada 8.000 habitantes. Lo que se suma a la aplicación de la LRSAL (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) en 2014, que propició un recorte de 300.000 en servicios sociales al quitar las competencias en esta materia a los Ayuntamientos.
Sabemos que tras el recortazo de 2014, el presupuesto de 2015 en financiación de centros ha crecido un 3,6%. O nos quieren hacer creer que crecerá, porque el lío que están montando con esta partida presupuestaria es digno de capítulo de la vieja serie Manos a la Obra. Que si copago bestial, que si ahora lo moderamos y dejamos exentas a la mitad de personas dependientes, que si no pagamos el transporte a nadie que necesite transporte de los centros ocupacionales , que si sí a 800 personas solo, que si bajamos a 126 y 101 las ayudas a dependientes y mayores en residencias públicas y ahora creemos que se podría subir a 213 y 170 respectivamente... unas negociaciones con vidas en juego. Como la mafia misma.
La situación de la dependencia merece una gran explicación. Tras frenar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el copago que pretendía imponer con su mayoría absoluta el PP, a pesar de la oposición de todos los grupos políticos, plataformas de dependencia y movimientos sociales, aún se salió con la suya y lo aplicará tras modificarlo en una ley de acompañamiento de presupuestos (algo antidemócratico), esas cosas que no necesitan ni pasar por el pleno de Las Cortes Valencianas, algo que denunció Esther López, diputada de Esquerra Unida, en Las Cortes.
Un copago con efecto recaudatorio, nada más. Aunque yo defienda que ningún copago es justo, el PP ya por encima de toda maniobra legal para cobrar a dependientes lo que no debería, pone el copago en vez de la tasa a la que le autorizó la ley estatal de dependencia. La cuestión es arruinar a las personas dependientes y aprovecharse de ellas, sin ni siquiera ningún criterio de justicia. No negocia, intimida y obliga a sus rivales a recular y aceptar que se llegue a algo intermedio (tasas progresivas). Más mafia.
En 2013, el Consell de la Comunidad Valenciana rebajó el grado de discapacidad a la mitad de personas, a 5.252 personas en total, llamados "milagros" por la oposición, para reducir ayudas. Ahora, 13.000 expedientes siguen a la espera de tenerse en cuenta, cogiendo polvo en el cajón. 13.000 expedientes igual a 13.000 personas que no reciben ayuda ni tienen reconocido ningún derecho, pues.
Quedan además los retrasos en el pago de las subvenciones a los Centros de Día, y los retrasos o eliminación de subvenciones a asociaciones sociosanitarias que prestan el servicio a la dependencia (¿recordáis lo mencionado anteriormente, LRSAL?), discapacidad mental, drogodependencia, que se ocupan del alzheimer, del cáncer, de las adicciones, incluso de cuidar a mayores en ocasiones.
13.000 expedientes sin tocar. Introducción del copago. Eliminación de las competencias en servicios sociales de los Ayuntamientos. Reducción de personal trabajando en servicios sociales. Los Ayuntamientos, como el de Villena, haciendo virguerías para mantener vivos los servicios sociales que se prestan (subvenciones encubiertas para proyectos, cesiones de locales y un largo etc...), las asociaciones trabajando a destajo por el gran corazón de sus trabajadoras y voluntarias... y ¿aún votarás al PP en mayo? ¿Seguro? ¿Quieres que tu vida dependa de tu entorno social, cada vez más pobre, y no del Estado al que pagas impuestos sin pestañear? ¿En qué momento hemos dejamos de empatizar con nuestro semejante?
Termino con un grito de rebeldía de un compañero de Discapacidad en Marcha, Agripa, el otro día en un desahucio en Alicante: "Yo soy Sonia, soy Paco, como soy también todas las personas con diversidad funcional, con discapacidad, que están sufriendo los abusos y la miseria y la usura de un régimen que busca la ganancia, el dinero, y que se está olvidando de cuestiones básicas como la justicia social, el respeto y la dignidad".
