Tras el verano y las fiestas, la gente suele volver a la normalidad, a la rutina de sus trabajos o estudios, o lamentablemente a la cola del INEM. También nuestros políticos retoman el pulso de su actividad, solo que la normalidad, en el caso del ayuntamiento de Villena, consiste en vivir en una anormalidad permanente.
Así, de una tacada, hemos tenido el primer asalto del juicio contra Juan Richart por un presunto delito de prevaricación, juicio que ha sido aplazado por un subterfugio legal, pero cuya resolución, aun aplazada, sigue pendiendo sobre el concejal, y en consecuencia sobre la vida política de nuestra ciudad.
Además, y sin dejar de ser protagonista, el propio Richart espera conocer igualmente su futuro en el seno del equipo de gobierno, toda vez que el alcalde debe dar respuesta, a final de mes, al ultimátum socialista que pide la retirada de delegaciones y la expulsión de la Junta de Gobierno del concejal de VCD (partido que por mucho que lo expediente ni siquiera es capaz de reunirse para tratar su caso, tal vez porque el resultado de la reunión sería totalmente contrario a lo que espera su presidente, Juan Carlos Pedrosa ).
Y mientras continúa el circo político, conocemos otro rasgo de normalidad villenense: la confirmación de la llegada a nuestra ciudad de 60.000 toneladas de basuras de la Vega Baja gracias a la impresentable política de gestión de residuos de la Generalitat Valenciana y al voto de todos los ayuntamientos (populares) de nuestra comarca. Otra patata caliente (y maloliente) sobre la mesa de nuestro equipo de gobierno, que más pronto que tarde intentará movilizar a la ciudadanía contra un enemigo exterior que de paso les sirva para intentar alejar las miradas sobre el caos interno que vive nuestro ayuntamiento.
