Apaga y vámonos

22 años de incompetencia

La reapertura de las diligencias judiciales contra Celia Lledó y Tarsicio Hernández tras la denuncia de los entonces concejales No Adscritos –veremos qué pasa con el recurso– por un presunto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística ha venido a poner sobre la mesa una cuestión de fondo que deja a nuestro ayuntamiento –y a sus diferentes gestores– retratados frente a su propia incompetencia.
Ignoro en gran medida todo lo que afecta a esa denuncia, por lo que evitaré meterme en tal berenjenal, esperando que aclaren el embrollo los jueces, que para eso están. Pero al fin y al cabo, y legislación y burocracias al margen, de lo que hablamos es de la construcción de una piscina en una casa rural, y me resulta grotesco que en Villena, donde desde hace años se nos llena la boca hablando de potenciar el turismo, de ser más atractivos de cara al público, de mejorar nuestras infraestructuras y servicios, etc., la construcción de una piscina en un alojamiento rural debidamente establecido y dado de alta pueda acabar degenerando en un caso como éste.

¿Culpables? Todas nuestras Corporaciones desde 1992, el tiempo que llevamos esperando la redacción del Plan Especial de la Huerta, que debe regular el desarrollo urbanístico de la zona, marcando qué se puede hacer y qué no, y estableciendo unas reglas del juego capaces de conjugar el respeto al entorno natural con las necesidades de los ciudadanos que tienen propiedades en la zona y los empresarios que trabajan en ella, y no creo que haga falta insistir mucho en el peso del sector agrícola en la economía de nuestra ciudad.

Mientras ese Plan Especial no se redacte –y ya lleva 22 años de retraso–, hay que seguir respetando la legislación vigente, la misma que impide realizar cualquier construcción si no se cumplen unas condiciones leoninas –¿hablamos de casas de campo ilegales a la fuerza en Villena?–, lo mismo una piscina que una caseta para aperos agrícolas o para proteger sistemas de riego, actuaciones que pueden acabar en inspecciones del ayuntamiento y multas, cuando no en denuncias penales. Por no hablar de la agrupación de tierras –¿recuerdan el caso de la segregación de terrenos?– para lograr una explotación agrícola óptima gracias a la modernización de maquinaria e infraestructuras fruto de la inversión de nuestras empresas, inversión que en los últimos años se ha desviado a otras regiones dada la imposibilidad de trabajar en Villena –y miren que hay término municipal para hacerlo– por culpa de una legislación obsoleta e inconcebible que pone trabas al emprendedor y espanta a los posibles inversores.

22 años de retraso. 22 años bajo el mandato de Corporaciones de todo signo que algo han tenido en común: su incapacidad o falta de implicación para afrontar este problema. 22 años, y los que nos quedan. Y ahora, si quieren, sigan llenándose todos la boca y dándose golpes de pecho con el desarrollo del turismo y el apoyo a los empresarios de nuestra ciudad.

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