A falta de unas horas para que desde Moncloa nos anuncien nuevas medidas de ajuste, me desayuno con algunas noticias que, en otras circunstancias y aisladas, me harían reír, pero al leerlas juntas me pellizco para descubrir si estoy somnoliento, si despierto, si vivo en mi país o si estoy en un plató de reality show. En una España que se tambalea y va a la deriva no es posible leer tanta tontería, con el desencanto de que tanto delirio va muy en serio. Con un récord histórico de 6.202.000 parados no sé qué nos cuenta el Secretario de Economía al decirnos que en este primer trimestre se ven síntomas esperanzadores y que el pesimismo, si se mira con lupa, no lo es tanto.
A la espera de esas nuevas medidas gubernamentales sé que ninguna me va a tranquilizar. El anuncio de que dependemos de las previsiones de crecimiento y de la senda del déficit público para los próximos años me preocupa, como el retoque de las pensiones o la ampliación de la edad de jubilación más allá de los 67 años, así como que deberán ser 40 los años cotizados si queremos cobrar el 100% de la futura jubilación, si es que llegamos. Menos mal que me provoca una carcajada la Delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, al despacharse con una frase estúpida: Es importante que haya pijos y ricos, son los que gastan y consumen.
Vale. Eso es verdad. Pero un país, si quiere funcionar, necesita que sus 47 millones de habitantes gasten y consuman con dignidad, no sólo los pijos y los ricos; pues podrían vivir con decencia los pequeños comercios de autónomos infelices, no sólo un puñado de establecimientos inaccesibles y exclusivos. Olvida la delegada que los currantes de la extinguida clase media soportamos, con gastos y sacrificios, el peso de la crisis y financiamos al Estado con nuestro trabajo; mientras la mayoría de pijos y ricos se gastan los billetes de 500 de unos dineros blanqueados e incluso evadidos.
Me indigesto también al enterarme que la Infanta Cristina se niega en facilitarle al juez Castro sus declaraciones de Hacienda. Alega que eso supone una injerencia fundamental de su intimidad y la defensa presenta recurso porque la solicitud del juez sobre las diez últimas declaraciones es superflua y de nula utilidad. Deberían saber sus abogados que el magistrado no solicita una descripción de las medidas corporales de la infanta, sino las declaraciones de sus rentas, y puesto que todo el mundo se declara y matricula al fisco, no debería tener vergüenza la señora en colaborar con la Justicia, antes que obstruirla. Además si es superfluo o de nula utilidad lo ha de valorar el propio juez, no el bufete de abogados.
Me resulta tan grave esta maniobra perversa que me pregunto qué narices le importa a Hacienda lo que gana cada uno y lo que nos pide religiosamente cada año sin excepción. Dan ganas de negarse a declarar por una injerencia al derecho fundamental de nuestra intimidad. Pero esto es impensable porque como buenos ciudadanos sólo esperamos a que no nos desplumen demasiado y que el dinero nuestro sirva para cosas importantes, no para que algún malvado se lo lleve a las Islas Caimán. Si la Infanta Cristina no quiere colaborar peor para ella, pues acrecienta la sospecha de que no es trigo limpio y habrá que limpiar la era.
Y por otra parte me cabreo también con la saturación de trabajo que tiene la Justicia. 800 juzgados investigan 1.661 casos de delincuencia política y financiera, están en curso 2.173 causas de especial complejidad para 64 jueces y 18 secretarios judiciales y 302 macro-procesos, pidiendo el CGPJ 64 jueces de refuerzo. País de tramposos y ladrones. Para que luego a Gallardón sólo le preocupe reformar la Ley del Aborto y el Matrimonio de Homosexuales. Pero la culpa la tengo yo, por leer lo que no debo.
