El Diván de Juan José Torres

¿Condena por los indultos o errores históricos?

El mochuelo bien que lo cargamos al último gestor político, pero quienes tiraron la primera piedra bien que escondieron la mano

Volviendo a rescatar antiguos textos del Diván del Desencanto reencuentro éste, titulado “¿Adéu Catalunya? y fechado el 29 de septiembre de 2017. En este ya viejo, pero vigente artículo, hacía referencia, de algún modo, a la cronología de su origen y a los acontecimientos recientes del problema catalán. Ahora nos rasgamos las vestiduras, porque nadie quiere, excepto los independentistas de turno, que Cataluña se disgregue de España, pero el tema y su renovada actualidad viene arrastrando de lejos. ¿Son responsables sólo unos o son copartícipes todos? Porque el mochuelo bien que lo cargamos al último gestor político, pero quienes tiraron la primera piedra bien que escondieron la mano. Esto es lo escrito en 2017 y que transcribo casi literalmente:

Ante el escenario tan preocupante que se avecina el próximo uno de octubre, convocado el Referéndum por el Parlamento catalán en unas sesiones exprés e irregulares, habría que reflexionar sobre las causas de este choque de trenes, que ya se ha producido, y sin atisbarse con claridad sus consecuencias. Quizás habría que remontarse, rascando las memorias, al añorado Pacto de la Moncloa, firmado en plena Transición Española en octubre de 1977. Ese esfuerzo colectivo de las fuerzas políticas en arrimar el hombro para transformar y consolidar una débil y naciente democracia tenía una contrapuesta peligrosa: contentar y respetar las diferentes idiosincrasias históricas y lingüísticas de los distintos territorios que conforman España.

Así, los primeros Estatutos de Autonomía fueron los del País Vasco y el de Cataluña, ambos refrendados el dieciocho de diciembre de 1979, siguiendo después la estela el resto de Comunidades. Esos inocentes gestos de complacer viejas demandas son perfectamente comprensibles, pero desde mi punto de vista con un riesgo no contemplado entonces, pues una cosa es conceder competencias autónomas para descentralizar el monopolio estatal y otra bien distinta regalar asuntos, para mí intransferibles, como la Fuerzas de Seguridad del Estado, el aparato Judicial o el sistema Educativo o Sanitario. Deberían existir siempre y por encima de todas las concesiones unas reglas supranacionales que no estuviesen supeditadas a las tendencias ideológicas o políticas de los gobiernos autonómicos de turno.

Esta batalla se perdió al establecerse los Estatutos tal como se promulgaron y se volvió a ceder terreno, tal vez ya irrecuperable, al utilizar a las fuerzas nacionalistas como apoyos bisagra cuando los gobiernos centrales necesitaban, como pasa ahora, de una mayoría parlamentaria para gobernar, aprobar presupuestos y solicitar ayudas de la UE. Así sucedió con gobiernos populares y socialistas cuando cedieron a las pretensiones de PNV o CIU a cambio de sus votos para la gobernabilidad. Así, hoy tenemos un Gobierno catalán en plena rebeldía con la legalidad constitucional en la mano, muy a pesar de los futuros indultos para reconducir la situación, unos Mossos de Esquadra incompatibles con las fuerzas policiales de la nación, unos magistrados judiciales designados por la Generalitat, unos centros escolares que promueven un reivindicativo espíritu contra el “imperialismo español” y hasta un Barça, dicen que más que un Club, que a nivel institucional se alía con posturas nacionalistas.

Existe una confrontación que nadie pensó que venía o que podía venir. Cuando los termómetros suben de temperatura es síntoma de que algo va mal y el Gobierno de Cataluña ya defendió en el Congreso de los Diputados una reforma del Estatuto, una enmienda que, en su caso, como en el País Vasco, Galicia o Andalucía, llegado el momento, requeriría de una revisión especial que incluye un Referéndum vinculante para su aprobación. No se aceptó en su día, como tampoco la oferta de nueva financiación que solicitó en su día Artur Más al ministro Montoro en 2012. Ahora todos se arrepienten y el Gobierno quiere negociar. Quizás ya sea tarde. El Gobierno, el de Rajoy, haciendo uso de su mayoría parlamentaria y apelando a la legalidad constitucional, el Govern Catalá habiendo agotado sus recursos jurídicos y políticos reglamentarios. Ahora, el Gobierno de Rajoy quiere volver a pactar, incluso ofertando una nueva Ley de Financiación, pero los nacionalistas manifiestan que la suerte ya está echada y que no hay vuelta atrás.

¿Faltó tiempo a unos?, ¿sobró prepotencia a otros? ¿No hubo en todo el proceso siquiera unas horas de reflexión para ambas partes para pedir un tiempo muerto, una tregua, otra concesión? El Gobierno catalán recurre con frecuencia a los casos comparativos del Referéndum en Quebec y Escocia. Malos ejemplos son. El canadiense tuvo lugar en 1995, al igual que el escocés; siendo los dos opciones, independentistas y legítimas, derrotadas por escaso margen, pero con la diferencia de que tanto en Quebec como en Edimburgo les amparaban y bendecían las leyes vigentes. Volverán a intentarlo en el futuro, pero siempre con los reglamentos jurídicos como argumento.

En Cataluña estos ejemplos ya no les sirve y su gobierno tiene como pretexto y defensa, una vez más, de haber sido ninguneados por Madrid. Seguramente el Referéndum, prohibido y no vinculante, se celebre el primer domingo de octubre, pero habrá que vigilar los daños colaterales de ese efecto dominó. Y como nadie desea recordar la Semana Trágica de Barcelona de 1909, espero que se apele a la prudencia policial, a la sensatez de los nacionalistas, a la diplomacia y al diálogo político y social”.



Relato de septiembre de 2017. Luego llegó el procés, las brutalidades en la calle, las manifestaciones incontroladas, los juicios, las condenas, las inhabilitaciones y este junio de 2021 los indultos. Ya se realizaron indultos con Aznar y con Rajoy. Ya manifestó Jaime Mayor Oreja, cuando era ministro de Interior, que el acercamiento de presos etarras a cárceles del País Vasco era necesario, ya se hicieron oídos sordos institucionales cuando todo el mundo sabía que Jordi Pujol y sus acólitos se beneficiaban de comisiones prohibitivas. Y todo el mundo miró para otro lado, aun cuando a Pascual Maragall, en su primera fase de Alzheimer, se le escapó públicamente aquello de los cobros de comisiones.

Hoy se crucifica al gobierno por ceder ante las presiones nacionalistas, por intentar negociar antes de que sea tarde. Quizás ya no exista retorno para este asunto. Ni tampoco para gobiernos que sustituyan al actual. Aunque mañana el matrimonio de connivencia Casado-Abascal gestionasen los destinos del país, el problema seguirá latiendo y con más fuerza. En el punto muerto y casi sin retorno donde nos encontramos, o se negocia y concede lo que haya que discutir, da igual a estas alturas qué gobierno, o la cosa pinta muy mal; porque nadie quiere ni desea, no sólo en España sino en Europa, un conflicto callejero de dimensiones incalculables.

Nunca entendí que 250.000 votos de ERC o Junts per Calataluñá (la antigua Convergencia I Unió) tuvieran más peso en el Congreso de los Diputados y casi tantos escaños como 1.000.000 de votos que en su día alcanzó IU a nivel nacional. La Ley Electoral ya se hizo en su día así y todo el mundo lo asumía. Con esta misma regla de tres, ¿cómo se defiende que un posible Referéndum sea votado por todos los españoles, cuando los catalanes o vascos ya tienen desde el año 1979 esos privilegios que han maltratado al resto de fuerzas nacionales?

Ya estábamos avisados, pero nunca escarmentamos. Por eso les dejo el enlace de Paco Ibáñez de nuevo, con letras del poeta José Agustín Goytisolo, otra vez, con el tema “Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá”.

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