Pensábamos que la guinda al esperpéntico espectáculo que nos brindaron nuestros gobernantes con la (frustrada) organización de la corrida de toros del pasado 7 de septiembre era el enfrentamiento entre el PSOE y Juan Richart, con el consiguiente ultimátum de los socialistas al alcalde y lo que de él se pueda derivar, pero la cosa aún puede dar mucho más de sí.
De hecho, y contando con que el ayuntamiento rechace el recurso de reposición presentado por el empresario Manolo Carrillo contra la no organización del festejo taurino, nos encontramos en la antesala de una denuncia judicial contra nuestro consistorio en la que el propietario de la empresa que quedó en segundo lugar en dicho concurso reclama a Villena más de 40.000 euros, entendiendo que es el dinero que ha dejado de ganar al no poder organizar un festejo que, según él, debería haber organizado, puesto que cuando en un concurso de adjudicación la primera oferta no cumple los requisitos estipulados, es la segunda oferta la que resulta ganadora del mismo.
Doctores tiene la iglesia y abogados tienen las partes para saber si esta denuncia tiene base jurídica y puede prosperar, o por el contrario no es más que un intento desesperado de sacar petróleo por parte de la empresa. Si finalmente fuera lo segundo, aquí paz y después gloria (consecuencias políticas del ultimátum al margen), pero si fuera lo primero, estaríamos ante la culminación de un despropósito que debería tener, sí o sí, consecuencias políticas, porque una cosa es tener que aguantar la ineptitud como gestores de nuestros responsables políticos, pero otra bien distinta es que esa ineptitud, además, acabe costándonos dinero a los ciudadanos, como puede suceder con otra chapuza administrativa de la que hablaremos bien pronto.
