Cuando decidimos participar en la práctica de cualquier actividad regulada, estamos aceptando de modo implícito las reglas del juego. Si alguno de los participantes las infringe podemos darle dos tiros así se solucionaba el problema de las trampas en el Far West, expulsarlo apaleando los Derechos Fundamentales como se hace en los sistemas totalitarios, podemos mirar para otro lado, invitarlo a abandonar el juego e incluso obligarlo legalmente a desaparecer, tal y como es lo habitual en un Estado Democrático de Derecho. Según de lo que se trate, cualquiera de estos tres medios es válido, pese a que puedan parecer leves o ineficaces.
Con arreglo al vigente ordenamiento jurídico, no se puede indultar un toro en una plaza de tercera categoría aunque a veces alguno lo merezca, como no es posible organizar una corrida de toros en una plaza de carácter permanente que carezca de corrales y patios, aunque esta plaza sea la envidia del mundo.
Aunque produzca mucha rabia, un Ministro no puede avisar a un terrorista para que vuele como un Faisán porque van a detenerlo, así como ningún policía puede ordenar la destrucción del escenario de un crimen, aunque este escenario sean vagones de tren. Con la Ley en la mano en letra y en espíritu un Guardia Civil no puede introducir una papelina en el bolsillo de un narco para propiciar su detención aunque tal individuo sea de lo peor, como un juez no puede escuchar ilegalmente a unos letrados que ejercen el derecho a la defensa de unos acusados, aunque estos sujetos sean unos sinvergüenzas de tomo y lomo. Porque si esto fuese posible se acabarían las garantías de cualquier ciudadano puesto a disposición judicial, pero presuntamente inocente hasta que sobre él recaiga una sentencia firme condenatoria.
A Garzón no lo han condenado por perseguir los crímenes de uno de los dos bandos que combatieron en la Guerra Civil, ni por haber formado parte del PSOE, ni por ingresar en la política y a los cinco minutos regresar a la judicatura, ni ha sido encontrado culpable de haberse declarado como un juez de izquierdas, que ya le vale.
Garzón es culpable por salirse de la Ley para perseguir delitos muy dignos de ser perseguidos y por eso ha sido condenado, porque en el marco del Estado de Derecho no vale todo ni siquiera para cazar a delincuentes de arte mayor, como no se puede por ejemplo hacer cantar a los asesinos de la pobre Marta del Castillo.
Ahora bien, cada cual está en su derecho de expresar cuantas críticas considere oportunas. Sin embargo, quien crea que se ha cometido una injusticia debe promover una reforma de la Ley que ha sido la base de la condena de modo que este tipo de escuchas se conviertan en legales para combatir delitos de corrupción. A mi juicio, los partidos de cobertura nacional que están mostrado su apoyo al Magistrado tienen en el Congreso Poder Legislativo una opción de ayudarlo de verdad y deberían ponerse manos a la obra.
Lo demás no sirve.
