Carta abierta a los miembros del Govern del Botánic

Molt Honorable Presidente, Conselleres y Consellers, Diputadas y Diputados, miembros del Govern del Botànic y de los partidos que lo conforman:

Desde la Coordinadora Valenciana por la implantación racional de las energías renovables (EERR), las 48 plataformas y colectivos que forman parte, y las personas y entidades que les enviamos el presente escrito queremos hacerles saber nuestra desazón, nuestra frustración y la incomprensión de cómo están ustedes gestionando las normativas y negociaciones alrededor de la implantación de las plantas productoras de fuentes de energía renovables y de la necesaria transición energética que también debería de ser ecológica, generar verdadera soberanía energética a la ciudadanía y justa.

Desde el 2021 venimos alertando y denunciando los graves errores cometidos en el Decreto Ley 14/2020 y la trampa puesta a las entidades locales y en consecuencia a la gente que habitamos los pueblos, sobre todo de determinadas comarcas.

Ya en la primavera de 2019 la Conselleria de Economía Sostenible, en el marco de la Propuesta de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con Horizonte 2026, tenía en su poder peticiones que planteaban la instalación masiva de grandes plantas fotovoltaicas y eólicas en algunas comarcas de interior por parte de grandes empresas y grupos inversores, así como la solicitud masiva de grandes instalaciones alrededor de las subestaciones de red de transporte.

Con esos datos y con la obligación de publicar un Decreto Ley para establecer una regulación por la aceleración de la implantación de las EERR, las tres Consellerías (Economía Sostenible, Transición Ecológica y Política Territorial) en lugar de trabajar en una planificación consensuada con los municipios, incitándolos a ordenar sus términos municipales con modificaciones de los Planes Generales para decidir, con la participación de los habitantes, la mejor ubicación para estas plantas, decidieron ustedes aprobar un Decreto Ley que, con un mapa genérico, ponía prácticamente todo el Suelo no Urbanizable (SNU) apto por estas instalaciones.

Es decir, la disposición del suelo para las empresas capitaneadas por los fondos de inversión que son las que han elegido aquellos terrenos que los convenía económicamente, sin ninguna concurrencia competitiva, sin ninguna limitación respecto del suelo agrícola y con la agravante de una regulación que limita la capacidad de decisión de los ayuntamientos sobre la ubicación de las plantas, sin poder oponerse a la petición de las empresas cuando solicitan la compatibilidad urbanística, si no está expresamente prohibido en los Planes Generales, cosa que no pasa en ninguno prácticamente. Una trampa en toda regla.

Con el Decreto Ley 1/2022 de 6 de abril, en lugar de corregirse esta vulneración de la autonomía municipal y por tanto a la ciudadanía, y corregir también el error en la carencia de planificación y ordenación territorial, se ratificaron, y solo se abrió una puerta a la rectificación con el llamado ''Acuerdo parlamentario de energía de los grupos del Botànic'' firmado por las sindicas de todos los tres partidos.

A día de hoy se están tramitando 9600 MW a lo largo de la Comunidad Valenciana, un 160% más del objetivo de 6000MW para 2030 y esto solo contando los proyectos colgados en el Visor GVA, unos 350, aunque en prensa no para de publicarse que desde la patronal hablan de 450 proyectos.

Y tenemos grandes desigualdades. Por ejemplo, que en el Valle de Ayora-Cofrentes haya en tramitación una cuarta parte, 1150 Megawats (MW) de los 4300 MW que se tramitan en toda la provincia de València, o que en el Alto Vinalopó, con 1880 MW más del 40% de toda la provincia de Alicante, mientras que en las comarcas de València ciudad, l'Hort Nort, l'Horta Sud y la Ribera Baixa, solo haya 4 proyectos que suman 15 MW. Es decir, que 2 comarcas situadas en el interior con 62.200 habitados, 1.25% de la población, asumirían la instalación de casi el 30% de la potencia en tramitación y el 50% de la estimada por la Generalitat Valenciana para 2030 para todo el territorio valenciano, 6000MW, mientras que la suma de las 4 comarcas donde se concentra el 32% de la población valenciana, 1.644.300 habitantes asumiría solo el 0,12% de la potencia a instalar.

Pero además de esta injusticia con la ocupación desigual del suelo que se está tramitando, tenemos también el impacto que sufriremos con la construcción de todos los kilómetros (km) de nuevas líneas de alta tensión (AT) necesarias para evacuar toda la energía producida con estas macro-plantas, alejadas de los lugares de consumo. Estamos hablando de más de 1.500 km de nuevas líneas de AT aéreas (de subterráneas van 1.000 km más) que se sumarán a los que ya tenemos y que sobrevolarán nuestros cultivos, montañas y zonas habitadas, y afectarán la socio-economía rural, agrícola, turística y medioambiental de los territorios por los que transitarán, que son muchos. Solo en las comarcas del Vinalopó más l'Alacantí sumarán cerca de 400 km de nuevas líneas aéreas de alta tensión y otros 400 km con líneas subterráneas.

Si realmente el Gobierno del Botànic tiene la intención de poner las personas en el centro, ser justo y equitativo, el planteamiento, a nuestro parecer, tendría que haber sido la fidelidad hacia las entidades locales y la voluntad de compartir y contar con ellas. Si el objetivo a marcar era 6000MW en fotovoltaica, entre 540 municipios valencianos resultaría 22MW por municipio, unas 44 hectáreas (ha). Evidentemente no todos los municipios podrían asumir esa superficie por su idiosincrasia (espacios protegidos, orografía, hectáreas disponibles...) pero seguro que algún MW podría instalar tanto en suelos urbanos y urbanizables, incluso en algunos no urbanizables, y seguro que otros municipios con más superficie podrían haber asumido algún MW más.

Con todo esto no queremos centrar el debate entre territorio versus renovables, o agricultura versus renovables, como parece que a veces se utiliza. Con esta dicotomía solo ganan los de siempre. Para nosotras se trata de extractivismo versus soberanía (alimentaría, energética, económica...), y todos los sectores tendríamos que enfocarlos con esta perspectiva. ¿Legislamos para favorecer a los grandes inversores, al oligopolio, grandes grupos energéticos y las expropiaciones que vendrán? ¿O ponemos por delante a las personas, la socio-economía local, las comunidades, la inversión pública para el beneficio público, la cohesión social y los equilibrios territoriales? Es evidente que el modelo que se está imponiendo en la implantación de las EERR es extractivista y en beneficio de unos pocos.



Y es cierto que han hecho ustedes una apuesta para financiar una parte del autoconsumo individual y colectivo y la valoremos muy positivamente, pero aún se debería de potenciar mucho más y sobre todo garantizar mecanismos que coloquen a todas las personas en el centro. ¿Quién puede optar a las subvenciones y autofinanciarse una parte de la instalación de autoconsumo? Aquellas personas que ya disponen de unos mínimos recursos y/o de tejados propios. ¿Quién queda fuera? Todas aquellas familias y personas que peor lo estando pasando y son las que más cara pagan y pagarán la electricidad.

Estamos convencidos que otro modelo es posible y factible, más equitativo, más respetuoso, más cohesionador, que el Acuerdo parlamentario de energía de los grupos del Botànic es un buen camino para iniciarlo. Parece que de momento han ''salvado'' la Agencia Valenciana de la Energía, pero descafeinada, y veremos si podrá compensar las desigualdades y trabajar por la cohesión social.

¿Y del resto del acuerdo? ¡Ahora leemos en varias noticias que una parte no quiere cumplirlo! Señoras y señores diputadas y diputados, miembros del Consell, Molt Honorable, ustedes son trabajadores/as públicos y de lo público, nos deben respeto, coherencia y ejemplaridad. Deben de poner las personas y la vida en el centro. Los acuerdos firmados se cumplen. Los errores cometidos se corrigen. La credibilidad se gana.

Remitido por: Asociación Salvatierra / Coordinadora Valenciana por la implantación racional de las energías renovables