Cinco años después hay que joderse con la rapidez de la Justicia conocemos el colofón a la denuncia que Celia Lledó y el Partido Popular, entonces gobernando, presentaron contra el que fuera concejal de Obras y compañero de equipo de gobierno, Juan Richart, por un supuesto delito de prevaricación en la tramitación del expediente de sanción a unas obras realizadas en la casa de campo de su mujer.
Muy bien defendido además de por una abogada villenense, por Javier Boix, prestigioso abogado valenciano que, entre otros casos, defendió a Francisco Camps en la famosa causa de los trajes, Richart fue finalmente absuelto del delito de prevaricación, si bien la sentencia recalcaba la existencia de posibles irregularidades debió abstenerse de mediar en este expediente, pues afectaba a un familiar directo que podían haberse solventado por la vía contencioso-administrativa, de menor enjundia que la penal.
En cualquier caso, dado que se entiende que Richart fue demandado por una actuación realizada en el ejercicio de su cargo público, y existiendo además antecedentes, el ahora concejal de Villena Centro Democrático ha pedido que sea el ayuntamiento quien asuma el coste de su defensa legal, que según las facturas presentadas asciende a 24.000 euros.
Y hasta aquí todo parece normal y la reclamación de Richart justa, porque no es de recibo que, declarado inocente, tenga que asumir una multa de 4 millones de pesetas achacable a su desempeño como concejal. Ahora bien, si abrimos un poco el enfoque sobre esta cuestión comienzan a surgir las dudas, porque resulta que los ciudadanos somos los tontos de esta película, ya que no solo vamos a pagar los gastos de la defensa, sino que también pagamos en su día los de la acusación, ya que fue un abogado contratado en su día por el ayuntamiento a instancias de Celia Lledó quien presentó y lógicamente cobró por su trabajo los cargos contra Richart.
Ignoro si esto es habitual en otros lares, pero a mí me suena a chiste que los ciudadanos tengamos que pagar a la vez los gastos de la acusación y los de la defensa, una situación surrealista que se torna más grotesca si cabe cuando conocemos que demandantes y demandado, por igual, se van a ir de rositas dejando la factura a cuenta de la caja de todos.
Ya sé que no es fácil evitar estos líos, porque los demandantes argumentarán y no sin razón, porque es cierto que Richart no debía haber intervenido, tal y como recoge la sentencia que actuaron (además de por venganza política y personal) en defensa del interés del ayuntamiento al sospechar de la existencia de irregularidades en la gestión, pero es que por más vueltas que le dé no deja de resultarme irritante, por estrafalaria, la situación. ¿Cómo evitar que pueda volver a pasar algo así? ¿Con un reglamento? ¿Un pacto entre partidos? ¿Retirando la defensa legal a los cargos públicos municipales? Se admiten sugerencias, porque admito que yo no sabría cómo hacerlo.
