Contra el copago en los centros de discapacitados y dependencia
El pasado viernes, veintiuno de febrero, visitó nuestra ciudad Esther López Barceló, diputada autonómica de IU y dedicada, casi en exclusividad, a los problemas que padece el sector de la discapacidad y la dependencia. Llama la atención primero su juventud, también su belleza, pero por encima de todo la forma tan extraordinaria de comunicar, pues hace fácil lo complicado en un alarde de excelente oratoria casi impropia para alguien de su edad, con mensajes claros y rotundos, indignación sosegada y sencillez a raudales.
Contaba Esther que el Gobierno de la Generalitat aprobó un decreto allá por el mes de agosto, por el que se obligaba a las familias afectadas por discapacidad o dependencia a asumir copagos añadidos para la prestación de los servicios que necesitan. Que sea el decreto en agosto no es casualidad, pues es la principal época estival donde la administración está inhabilitada y mucha gente disfrutando de unos merecidos días de vacaciones. La estrategia del gobierno valenciano es clara: renuncia a subvencionar una buena parte de las ayudas que hasta ahora remitía a los centros y serán éstos, a partir de ahora, los que se busquen la vida. ¿Cómo? Exigiendo a las familias una mayor contribución, en muchos casos brutal, para la prestación del servicio.
Como bien dice la diputada, es un ejemplo más de la desmembración del Estado de Bienestar, pues los impuestos que recauda el heraldo público, que no es moco de pavo, son precisamente para garantizar unos derechos sociales a los que el Estado tiene la obligación de atender. Con esta medida de recortes, el Consell espera obtener unos ingresos adicionales de 15 millones de euros, contradiciéndose una vez más. Porque, ¿a qué cosa irán destinados esos 15 millones que no sea atender necesidades acuciantes como el de la precariedad de este sector, con largos meses de impagos y deterioro importante del servicio que presta a los más desfavorecidos?
¿Por qué Alberto Fabra justificaba el cierre de Canal 9 para no clausurar ningún colegio, hospital o centro de dependencia? El caso es que en la provincia se han suprimido decenas de aulas escolares y se obliga ahora a un copago indecente y abusivo a miles de familias que tenían su centro de discapacitados, o de día, o el de Alzheimer, o del geriátrico, como un respiro personal y como una atención necesaria. Sin embargo lo que está favoreciendo esta insensata medida es que las familias saquen a sus familiares de los centros porque no pueden costear, con sus estrechas pensiones, las facturas que los centros se ven obligados a solicitar.
Afortunadamente ya se alzan voces desde el seno del PP manifestando un total desacuerdo, desde Rita Barberá como alcaldesa de Valencia o Alfonso Rus, alcalde de Xátiva, desde ayuntamientos como Paterna, Sagunto o Cuart de Poblet, gobernados por los populares, hasta el mismísimo Benidorm, la castellonense Onda o numerosas poblaciones más. Se alzan pidiendo la derogación del copago y asumiendo, algunos de ellos, las subvenciones directas de los centros. Parche pasajero porque, entre otras cosas, los ayuntamientos no están boyantes económicamente ni pueden permitirse esos lujos.
De modo que, como dice Esther, la única forma válida de ejercer la presión es exigiendo la derogación de ese maldito y estúpido decreto que arruina familias, desampara a los damnificados y acabará por desmantelar la mayoría de centros que fueron creados con la finalidad contraria: la de prestar un servicio social con profesionalidad, dedicación y calidad.
Respecto a las duras declaraciones del concejal de Bienestar Social, Fulgencio Cerdán, hacia IU, creo que son injustas y desproporcionadas. Su coordinador, Pascual Martínez, no mintió al afirmar que nuestro ayuntamiento no había presentado ninguna moción, refiriéndose al Pleno Municipal como máximo órgano de representación, no a una Junta de Gobierno. Somos muchos los que sabemos y valoramos el enorme trabajo del edil Fulgencio al frente de sus delegaciones y de su intento empecinado de consenso con las Asociaciones, incluido el mencionado Pascual. Trabajo que reconoce la mayoría ciudadana. Sin embargo, en la moción aprobada el pasado día 10 se asume el copago implícitamente, no cuestionándolo ni exigiendo la derogación del Decreto, que es lo que pide toda la izquierda parlamentaria.
Habrá quienes piensen que ese asunto no atañe a la política doméstica municipal y que por tanto no ha lugar para mociones tan lejanas de nuestro propio ombligo. Sin embargo hay que recordar que el copago atenta contra los derechos ciudadanos, que los habitantes de todos los pueblos de España, en algún momento de nuestra vida, seremos dependientes, y que el día de mañana cada uno de nosotros podremos toparnos de lleno con una injusta contrariedad: la de tener que costearnos las necesidades más básicas y elementales.
Solo que si se pierde el norte y nos invade la insensibilidad, mañana puede que sea tarde, nos encontremos un panorama sin retorno y entonces sí, sí que protestaremos. A una pared, porque el caso estará cerrado y archivado.
