Vida de perros

De obligada opinión

De un modo más o menos consciente la mayoría de españoles y españolas optamos por el actual modo de gobierno de nuestra nación (y sus pueblos, ciudades y provincias). Quizás por salir de “aquello”, quizás dejando arrastrar nuestra opinión por lo que aparecía como única vía, quizás para recuperar la esperanza, el caso es que la Constitución se proclamó otorgando al pueblo el derecho y la obligación de dirigir su destino. Esto fue así de tal forma que nuestros principios éticos y organizativos se manifiestan hasta hoy cuando designamos a nuestros y nuestras representantes. Incluso el voto en blanco es muestra de una opinión y lo es igualmente –aunque en demasiadas ocasiones quieran convencernos de lo contrario– la abstención.
Tristemente la verborrea de cierta clase política, sus escapismos del derecho a la igualdad frente a la justicia, unidos a algunas grandes decepciones (el desenlace del Referéndum de la OTAN; o la desvergonzada y despótica sordera que ridiculizó la soberanía popular tratando su opinión sobre la Guerra de Iraq como una llantera histérica e inconsciente), han minado y agotado en gran parte de la ciudadanía la confianza en “el sistema”. Pese a eso. Pese a todo, no debemos olvidar que la responsabilidad sobre el desarrollo de acontecimientos siempre recaerá sobre nuestros hombros. Es por eso que debemos esforzarnos no sólo en tener una opinión acerca de las cuestiones que se van presentando en nuestra sociedad, sino que debemos manifestarla. Nadie debería poder cambiar nuestra opinión acerca de temas como la Ley del Aborto, por poner un caso punzante, si nuestra postura nace de la reflexión, de la confrontación de la propuesta con nuestras creencias personales, creencias que no se sostienen en frases robadas de mítines, programas radiofónicos, columnas de opinión, sino en nuestra propia idiosincrasia.

Lo ocurrido hace días en Villena, la disputa entre dos trabajadores públicos, podría resumirse como un hecho “vergonzoso”, en cuanto al registro de opiniones que he encontrado. La actitud que nuestra máxima representante, la señora Lledó, ha mantenido al respecto ha sido la de vincular el hecho al ámbito privado –posición en la que podrían ustedes excusarse al oír gritar a su vecina mientras recibe golpes de su marido–, para luego llevarlo al terreno jurídico, donde ninguna opinión tiene valor hasta que la justicia resuelva –y ahí es donde me pregunto cuál es la diferencia que la señora Lledó ve entre éste caso y las acusaciones llevadas hasta el insulto y el desprecio personal que ella en compañía lanzó contra el anterior PSOE sin haber llegado los papeles siquiera al juzgado–.

Mi resolución, al igual que en otras ocasiones, es que el asunto es de obligada opinión por parte de la ciudadanía, y que de los resultados de nuestras opiniones saldrán las conclusiones que llegarán al final y sin duda a las urnas.

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