El ayuntamiento tiene un déficit de 182.000 euros anuales en la recogida y tratamiento de residuos

La edil de Servicios, Mari Carmen García, se ha despedido del cargo presentando el borrador de la nueva Ordenanza sobre residuos sólidos urbanos, un documento que deberá ser aprobado, o modificado, por el próximo equipo de gobierno y que “convertirá a Villena en un referente en la Comunidad Valenciana al tiempo que nos permitirá cumplir con todas las exigencias y directivas de la UE”, apuntaba la edil saliente.

Acompañada por Javier Pardines, inspector del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, y María Jesús Medina, técnico del servicio, García explicaba que la anterior ordenanza, de 2010, “era ilógica, porque clasificaba las calles por distintas categorías, cuando la basura se recoge de igual forma en todas, y entre otras cosas no contemplaba hasta 1.200 viviendas, muchas en los diseminados, que hasta ahora no están pagando la tasa por recogida y tratamiento de residuos”.

Por ello, el equipo ha dedicado meses a estudiar todos los extremos de un servicio por el que los ciudadanos pagamos 818.000 al año (vía tasa al ayuntamiento) pero que tiene un coste real de millón de euros anuales, teniendo por tanto un déficit de 182.000 euros que asume el ayuntamiento.

Paralelamente, se ha trabajado con empresas y comercios la recogida puerta a puerta de residuos como el cartón, habiéndose logrado reducir su presencia en la recogida habitual de un 57% a un 18% en un año. “Al apostar por la recogida selectiva, reducimos el coste de tratamiento en la planta, y además hay menos rechazo y menos residuos enterrados en el vertedero”, explicaba la edil, añadiendo que el siguiente paso, además de abundar en ese esfuerzo con el sector industrial y comercial, es trasladar esa recogida selectiva a los particulares. Para ello, y de la mano de la nueva ordenanza, se podrá implementar como prueba piloto la recogida “puerta a puerta” en Las Virtudes y la Constancia, teniendo como objetivo último que se pueda realizar en toda la ciudad. Un servicio, añadía Javier Pardines, “que tendrá un coste para el ayuntamiento de 200.000 euros más al año, pero que se compensará con el mejor aprovechamiento de los residuos gracias a los gestores autorizados y la reducción de los costes del tratamiento en planta, al igual que ha sucedido con el cartón”.

Las directivas de la UE, explicaba la edil, “exigen que haya un equilibrio entre los gastos e ingresos del sistema”, por lo que “habrá que tomar una decisión política para ello: subir el coste de la tasa a los ciudadanos o, tal y como se propone en la nueva ordenanza, hacer que paguen todos, en primer lugar, y después castigar a quien más residuos genere y bonificar a quien menos lo haga”. Para ello, añadía, “el texto contempla dos tipos de bonificaciones: una social, para familias numerosas, monoparentales, pensionistas o personas con un grado de discapacidad, y otra medioambiental que irá en función de los residuos generados”.

A modo de prueba piloto, concluía, “existen ya contenedores inteligentes que permiten, mediante una tarjeta, identificar qué residuos vierte cada usuario y cuál es su grado de cumplimiento o no de la normativa, por lo que podremos premiar a quien mejor comportamiento tenga con una reducción en el precio de la tasa por tratamiento de residuos”.