Todo empieza con el etarra Henri Parot, cuando interpuso un recurso que redujera sus años de condena y su súplica fue escuchada. El 28 de febrero de 2006 nuestro Tribunal Supremo le dio la razón y creó jurisprudencia, la misma en la que se amparó la sanguinaria Inés del Río para que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Estrasburgo, admitiera sus alegaciones y le diera la razón, basándose en el carácter retroactivo que vulneraba el artículo cinco del Convenio Europeo de los Derechos Humanos firmado por los países de la UE. El fallo del Tribunal Europeo abre la puerta no sólo a asesinos etarras, sino a criminales psicópatas, violadores irrecuperables y homicidas consumados.
En otras circunstancias escribiría que algo falla en nuestros Sistemas Judiciales para semejante desatino, pero me quedaría corto. El fracaso de nuestros códigos penales es monumental y ahora todos quieren rasgarse las vestiduras. Ahora se buscan cabezas de turco, señalando a López Guerra, magistrado español colocado a dedo en el Tribunal por ZP, como el impulsor determinante de que Estrasburgo diera la razón a los condenados. Seguramente cuando ETA anunció hace unos años el fin de su actividad armada, entre las negociaciones del gobierno de entonces y la banda terrorista ya estaba pactada la benevolencia judicial para muchos de los encarcelados. Se selló un pacto con una condición: ETA abandona las armas a cambio de que los máximos Tribunales, el Supremo y el de Estrasburgo, sean clementes con los salvajes.
Esto no me consuela para nada, pero al respecto nadie está legitimado para criticar conductas gubernamentales, pues todos, absolutamente todos, negociaron con los etarras, incluido Aznar. El problema viene de lejos y es mucho más profundo, pues en la era democrática y por muchas adhesiones que se hagan a favor del respeto de los Derechos Humanos lo que no tiene sentido, nunca jamás, es que se excarcele a personas que no merecen pisar la calle porque su peligrosa conducta social resulta una permanente amenaza. Los Derechos Humanos deben recordar a los Estados la prohibición de aplicar torturas a detenidos y que las penas se ajusten a Ley, pero al mismo tiempo deben proteger a los ciudadanos de bien de aquéllos que en nombre de ideologías, religiones, banderas o por mentes enfermizas pretenden implantar el miedo, el pánico o la alarma social.
Al fin y al cabo es lo que ha sucedido ahora: alarma social por poner de patitas en la calle a malnacidos sin escrúpulos. Y la culpa la tienen todos los gobiernos que nos han ido sucediendo legislatura tras legislatura. El Código Penal debió haberse modificado hace más de treinta años para prevenir lo que nos llega ahora encima. Es infame que haya sentencias de miles de años cuando se sabe que no se van a cumplir, entre otras cosas porque difícilmente llega alguien a los cien. Pues aplíquense entonces cadenas perpetuas, o como se denomina ahora, cadena perpetua condicional o pena indefinida revisable para quienes hayan demostrado ser seres indeseables, despreciables y antisociales.
¿De qué sirven las penas si no se cumplen íntegramente? Es inadmisible que por dos días de trabajo en la cárcel se exima un día de condena, pasando de los 30 años a los 15, o de los 10 a los 5. La sociedad, en su gran mayoría, no está a favor de la Pena Capital pero sí de condenas perpetuas o, en su caso, de que se cumplan íntegramente. El caso es que da la sensación de que la Justicia es un cachondeo o una mierda, como se quiera mirar, y los políticos que la defienden unos hipócritas. Violadores con dictámenes psicológicos en contra, asesinos en serie, terroristas y sádicos sueltos por la calle, mirándonos desafiantes a los ojos.
No puede aceptar el gobierno de Rajoy la sentencia y sumarse al mismo tiempo a la manifestación de AVT. Que incumpla la sentencia o cambie las leyes. Lo demás sobra.
