No esperaba ni tanta repercusión ni tanta polémica con mi artículo Carta de un hijo de puta al Tribunal Supremo. Para nada utilizo ese grosero lenguaje en mi vida personal, sólo me inspiré en la jerga que emplean los corruptos, tomando como ejemplo las conversaciones de los imputados en el juicio de Camps. El escrito generó un aluvión de foros, unos favorables y otros contrarios, nada extraño cuando en los artículos de opinión se pretende suscitar primero la curiosidad, luego la reflexión y más tarde el debate.
Todas las réplicas, algunas más afortunadas que otras, hacían alusión a que la sentencia del Supremo, guste o no, es fiel al Estado de Derecho, argumentando que Garzón prevaricó al utilizar en sus investigaciones medios no conformes a Ley. Que se acate la decisión no significa que nos entreguemos al conformismo, pues la Justicia debería resolver, en todos los casos, las dudas de las pesquisas hasta llegar a las raíces de las sospechas. Para desenmascarar a los que delinquen no habría que poner escollos, facilitando todos los recursos a las indagaciones, excepto la tortura, para llevarlos al banquillo; eludiendo trabas legales, como así se ha producido.
El Estado de Derecho surge por oposición al Estado Absolutista, cuando los reyes ostentaban el poder absoluto, unificando los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para sus únicos intereses y privilegios. A febrero de 2012, el Poder Legislativo y Ejecutivo recae en el partido mayoritario, casi absolutista, y la independencia del Poder Judicial no existe, pues sus máximos responsables son nombrados a dedo por los mismos políticos que nos gobiernan. Díganme entonces qué diferencia hay entre el Estado Absolutista y el Estado de Derecho. Así, hasta que el Sistema Judicial no sea verdaderamente independiente hablaré de Estado Torcido.
Cuando un forista me recrimina que no confunda churras con merinas me subestima. Sé que las ovejas churras tienen buenas carnes y las merinas excelentes lanas y hay que saber distinguirlas. Y también sé que el Estado de Derecho tiene mucho que ver con el Estado de Bienestar. Se dice de este último que provee servicios y garantías sociales a la totalidad de los habitantes de un país. Eso hoy es mentira y gorda. El Estado de Bienestar lo está desmantelando ese gobierno absolutista que unifica los tres poderes.
Más paro, despidos más baratos, recortes salariales, copagos en servicios educativos y sanitarios y el laborioso Estatuto de Trabajadores ninguneado por las empresas.
El despilfarro y la corrupción están a la orden del día y no todos son iguales ante la Ley, como Urdangarín, que tiene más derechos que nadie. Con el dinero hurtado por los corruptos no haría falta tanto tijeretazo que destruye el Estado de Bienestar. Sin embargo el Estado de Derecho, con la Ley en la mano obstruye, con sus preceptos legales, transparentes investigaciones para escarmentar a los que nos roban a usted y a mí. Protege a los imputados y condena a quien les acusa. Yo no quiero ese Estado de Derecho si no protege a los ciudadanos de ladrones, cuyas irresponsabilidades impunes nos arruinan la vida. Para encontrar la verdad habría que pinchar todos los teléfonos de quienes levantan la liebre. El inocente que no tema, el culpable que tiemble.
El Estado Torcido, nunca de Derecho, es difícilmente respetable si por su torpeza aún no se ha encontrado el cuerpo de Marta del Castillo, si el cabrón es un juez y no los que usurpan, si los hijos de puta a los que me refería disfrutan de la muerte del Estado de Bienestar, si la clase política está desacreditada y los ciudadanos tenemos que cobrar menos y pagar más. Si protege a los poderosos y deja en indefensión a la sociedad
¡Exijo un Estado digno y justo!
