Por norma general, todo procedimiento legal sigue los mismos pasos y mantiene invariables unas características casi idénticas en su dinámica
El diccionario panhispánico de la Real Academia Española establece que un proceso legal es todo aquel “conjunto de actos concatenados y regulados por la legislación procesal que, con o sin la intervención de otras personas, se desarrolla por órganos jurisdiccionales de cualquier orden, sirviéndoles de cauce formal para conocer un asunto controvertido y emanar, válidamente y en el ámbito de su competencia, una resolución final jurídicamente fundada sobre el mismo, que suele adoptar la forma de sentencia”.
La definición técnica simplificada, en cambio, concreta que se considera como procedimiento judicial todo conjunto de requisitos exigidos por la ley procesal de un país para que se pueda llevar a cabo la resolución de un conflicto por un juez o tribunal con todas las garantías para las dos partes.
Características elementales de un proceso legal
Por norma general, todo procedimiento legal sigue los mismos pasos y mantiene invariables unas características casi idénticas en su dinámica. “Lo primero que hay que entender es que un procedimiento judicial se desenvuelve de una manera regulada y especificada por ley, y este es inalterable, haciendo que el proceso sea nulo si se han contravenido cualesquiera de sus puntos”, explican los expertos en procedimientos judiciales.
Un proceso legal tiene como finalidad establecer los pasos a seguir en un conflicto judicializado, regulando los plazos para que todas las partes implicadas puedan llevar a cabo su actuación, y establecer, a su vez, las exposiciones de las actuaciones a realizar por cada parte en todos y cada uno de los momentos procesales oportunos que vayan teniendo lugar.
“El seguimiento de este esquema no tiene otra finalidad que la de garantizar la consecución de un proceso justo para todas las partes, estableciendo unas normas básicas para que las resoluciones tengan lugar en un marco legal idéntico y las sentencias puedan encontrar en él la legitimación que necesitan para ser reconocidas por los propios implicados y por el sistema”, comenta el equipo de expertos de Garanley Abogados, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del panorama jurídico actual.
“Seguir este esquema en todo conflicto judicial hace que se eviten las sentencias arbitrarias por parte de jueces y magistrados, garantizando que todas las partes implicadas en el proceso puedan realizar las actuaciones que sus letrados tengan a bien considerar”, añaden.
“Por ejemplo: un juez no puede dictar sentencia en cuanto una parte interpone una demanda: eso sería falto de sentido y tendría unas repercusiones muy probablemente injustas para una de las partes. Para evitarlo, el proceso legal establece una serie de plazos para que el trámite avance sin marginar a ninguna de las partes, garantizando la celebración de un juicio justo, incentivando que el magistrado escuche las conclusiones de las partes y haciendo que, en última instancia, dictamine una sentencia justa y acorde a los hechos descritos”.
Por tanto, los expertos insisten en que es necesario tener claro que, ante un conflicto judicializado, siempre es necesario acudir a la autoridad judicial competente en la materia del territorio donde se produce o reside. “Dado que no todos los jueces son competentes para ser conocedores de un problema, es preciso recalar en aquellos que sí lo son; habrá que acudir a las leyes para conocer el tribunal al que hay que presentar el conflicto”, explican.
Plazos, trámites y leyes procesales tendrán que ser respetados para que el contenido del conflicto sea estudiado. “Primero es necesario cumplir una serie de requisitos formales para que el tribunal competente estudie el caso; de lo contrario, no avanzará en el contenido y se deberá volver a hacer la presentación”, señalan.
“Además, un proceso legal recoge los principios de igualdad de armas, contradicción y publicidad para dotar a todas las partes de las máximas garantías. El primero establece que todas las partes deben contar con las mismas herramientas para poder defenderse; el segundo, que una parte involucrada tiene el derecho de conocer cuál es la posición del contrario para poder diseñar su defensa, y el tercero establece la posibilidad de que todas las partes puedan seguir los trámites y actos jurídicos que se están realizando”, señalan.
Tipos de procesos legales
Sobre el papel, cinco son los tipos de procesos que se pueden producir en base a las características de cada caso. “Los procesos pueden ser penales, civiles, laborales, administrativos o mercantiles, en función de la naturaleza de cada uno de ellos”, explican desde el despacho de abogados Garanley.
“Los procesos penales recogen actuaciones tipificadas como delitos, las cuales el Estado tiene la obligación de perseguir independientemente de que las personas interpongan denuncia o no”, explican. “En los procesos civiles tienen cabida conflictos entre particulares, normalmente familiares en los que se ha disputado una herencia o contratos”, añaden.
También hablan del resto de procesos. Por ejemplo, los laborales recogen exclusivamente conflictos acaecidos en el ámbito laboral, normalmente entre empleadores y empleados. Cuestiones como despidos o diferencias salariales son estudiadas en este campo.
Dado el importante incremento de casos en este ámbito, cada vez más despachos de abogados cuentan con plantillas más amplias de abogados laboralistas. Garanley es uno de ellos, y es de los que mejor feedback ha recogido por parte de los usuarios que han recurrido a ellos para dar solución a sus problemas en este campo. De hecho, el desempeño no solo de abogados laboralistas, sino del resto del equipo ha sido valorado muy positivamente por los clientes, a tenor de las opiniones de Garanley recogidas en la red.
En función de las características de cada proceso, se englobará en uno de los cinco grandes grupos en los que se dividen las actuaciones judiciales. “Es importante establecer estas diferencias y hacer que la competencia territorial prevalezca para dar sentido a la función de los organismos judiciales autonómicos de cada comunidad. En materia de competencia y jurisdicción es inestimable el papel de un experto en derecho penal, civil, laboral, administrativo o mercantil que, además, diseñe una estrategia eficaz para cada caso”, sentencian.
Sobre Garanley Abogados
Garanley Abogados es una de las firmas de referencia en el sector de la abogacía y el derecho. Su bufete cuenta con un equipo multidisciplinar capaz de atender cualquier tipo de caso, y gracias a su dilatada experiencia es uno de los equipos de abogados mejor posicionados en el panorama nacional.
La atención a la cliente personalizada está garantizada tanto en sus instalaciones como de manera telemática, haciendo un uso eficiente de las herramientas al alcance teniendo en cuenta las vicisitudes del panorama actual. De este modo, el equipo de Garanley proporciona servicios de asesoramiento personalizados en base a las necesidades de cada cliente.
Cada presupuesto se confecciona de manera individual, atendiendo a una serie de circunstancias y datos específicos de cada caso. Además, teniendo en cuenta la multidisciplinariedad de su equipo, cada caso es evaluado de manera personal manteniendo la vigencia de la más estricta confidencialidad para preservar el derecho a la intimidad de cada cliente en sus actuaciones legales presentes y futuras.
