Desde hace mucho tiempo soy de la opinión de que la Justicia no es igual para todos los españoles, tema preocupante que ha motivado mis argumentos en más de un artículo. Asuntos como que la fianza puedan pagarla unos y la mayoría no, para evitar la prisión preventiva; que el que tenga recursos económicos pueda estar toda la vida recurriendo, bajo la asesoría de expertos abogados, hasta que prescriban los delitos; que al que no tenga pasta se le asignará uno de oficio, con buena voluntad, mal pagado y con escasas herramientas; que a los poderosos es difícil trincarlos y a los débiles como a los perros flacos, pulgas con ellos; que a los mismos hechos delictivos unos jueces tienen un criterio y otros sentencian de distinta forma; que es un negocio mercantil donde fiscales y defensores ofertan y contra-ofertan el futuro del cliente
Demasiadas contradicciones para poner en duda que es igual para todos.
Del mismo modo la Ley Fiscal, la obligación que tiene Hacienda en reclamarnos una plusvalía por nuestro trabajo y que en correspondencia estamos obligados a pagarla, tampoco es igual para todos. No tienen escapatoria para el engaño ni los funcionarios de la Administración Pública; ni los autónomos, más gravados por impuestos y sin derecho al paro; ni los pequeños y medianos empresarios; ni los trabajadores por cuenta ajena; ni los contratados temporales; ni los emigrantes con papeles y con puesto de trabajo.
Pero qué me dicen de los profesionales liberales: médicos especialistas es sus consultas privadas que aprovechan que muchos pacientes no reclamen su factura, asesores curtidos en cómo blanquear el dinero, abogados que no declaran lo que ganan, empresas con adjudicaciones públicas que aumentan sus minutas y menguan sus obligaciones fiscales Yo diría que mientras a los del párrafo anterior les visitan con frecuencia los inspectores de Hacienda, a estas profesiones liberales las visitas son más puntuales, y un buen porcentaje de sus ganancias silenciadas.
Para rematar el desigual tratamiento, la Amnistía Fiscal, que es benevolente con las grandes fortunas del país exigiéndoles tan sólo el 10% de los beneficios no declarados y además evadidos a paraísos fiscales. Si a alguien se le ocurre la santa idea de recoger firmas a los ciudadanos normales para solicitar al Congreso una Amnistía Fiscal, yo seré el segundo en estampar mi rúbrica. Solicito desde aquí al ministro Montoro un trato igual que a los estafadores, pues yo también quiero que de mis mal pagadas nóminas anuales me reclamen el 10% de mis obligaciones, condonándome el restante 90%.
Si constitucionalmente todos somos iguales ante la Ley, ¿por qué unos sinvergüenzas pueden acogerse a la Amnistía y el resto de mortales no? Hace tiempo que en España dejó de ser útil, por inexistente, el dicho o todos moros o todos cristianos, pues el trato es discriminatorio y, hasta si me apuran, vejatorio. Así es que mi propuesta informal es que todos los ciudadanos nos uniéramos en esta dirección, formáramos una Plataforma de Insumisión Fiscal, contratáramos a un brillante bufete de abogados que defendieran nuestra justa causa, que demandara al Gobierno por trato desigual, que exigiera al Ministerio Fiscal tan sólo el pago de nuestro 10% para que pudiéramos sentirnos iguales y que nos dejen vivir en paz sin sablazos ni mentiras.
Esta propuesta podría ser retirada si nuestros políticos se replantearan la vil injusticia de la dichosa Amnistía. Que instaran a los Estados de la UE a que, poniendo tierra por medio, se desmantelasen los paraísos fiscales en toda Europa, que se recuperaran los millones perdidos y se prohibieran las emigraciones de maletines. Si aun así fuese imposible recaudar todo lo evadido, la expropiación y embargo de todo el patrimonio de los estafadores, aunque para ello tuviese que modificarse la Ley Notarial, pues la titularidad de unos proviene de la donación de otros. Y si se van de España con sus dineros que pierdan la ciudadanía. Jamás serán dignos entre nosotros.
