La lenta, perezosa y absurda burocracia

El pasado año 2019 la comunidad de vecinos a la que pertenezco acordó realizar la instalación de un ascensor en el edificio.

El 12 de diciembre de 2019 la empresa instaladora presentó el proyecto de obras en el ayuntamiento. El día 21 de enero de 2020 la comunidad registra un escrito pidiendo la agilización del expediente.

El 25 de febrero de 2020 el arquitecto municipal emitió un informe desfavorable por ciertas deficiencias en la documentación aportada por la empresa instaladora. La empresa instaladora rectificó las irregularidades y volvió a presentar el proyecto, de nuevo, con la máxima rapidez y diligencia el día 9 de marzo de 2020. Es decir 13 días después.

El 25 de mayo (dos meses más tarde) el arquitecto municipal emitió el informe favorable para que la junta de gobierno local pudiera dar el visto bueno definitivo y aprobar la obra.

El dos de junio de 2020 la junta de gobierno local del ayuntamiento de Villena aprueba, por unanimidad, la obra en cuestión. Es decir, cinco meses y veintiún días después de que se iniciaran los trámites para la instalación de un ascensor cuya finalidad es la de eliminar las barreras arquitectónicas y facilitar la vida de los habitantes de ocho viviendas que son, en su mayoría, personas jubiladas y, algunas de ellas, con dificultades de movilidad por su avanzada edad.

Esta primera cuestión, relacionada con la tardanza en la tramitación del expediente, refleja cierta falta de sensibilidad en un asunto de estas características y una posible falta de agilidad burocrática que alguien debería revisar en beneficio de los ciudadanos. Pero no acaba aquí esta historia.

Siete días después de la concesión del permiso de obras, el día 9 de junio de 2020 (y aquí sí que debemos elogiar la diligencia del aparato burocrático), el ayuntamiento nos envía el recibo de la fianza de la obra y el del importe de la licencia. La fianza de 1.000 euros que se retornaran en su momento si no se han causado daños al mobiliario urbano. La licencia de 1.644,12 aplicando el tipo de gravamen general del 3,735% del importe de la obra más 303,12 euros del importe de la licencia urbanística.



Jornadas más tarde la comunidad de vecinos tiene conocimiento de la ordenanza municipal que prevé una bonificación del 90% en el impuesto municipal para obras que cuya finalidad sea la eliminación de barreras arquitectónicas y comprueba que esa bonificación no ha sido aplicada en su caso.

El 22 de junio de 2020 la representante legal de la comunidad, en virtud del contenido de dicha ordenanza, solicita al Ayuntamiento de Villena la devolución de la cantidad cobrada por error, adjuntando la documentación necesaria.

Transcurridos más de 4 meses de la presentación de dicha solicitud, mi comunidad de vecinos continúa a la espera de alguna respuesta respecto de la cantidad cobrada indebidamente por parte del ayuntamiento.

Con los datos anteriormente expuestos deseo finalizar haciendo las siguientes preguntas a nuestros representantes políticos en el poder municipal:

1. Aunque los plazos en los que se informó el proyecto de la obra por parte del arquitecto municipal y en los que el ayuntamiento de Villena aprobó la licencia de obras estén contemplados como plazos legales, ¿son justos y razonables; aún más teniendo en cuenta el carácter de la obra?
2. ¿Podría un ayuntamiento actuar con la misma presteza cuando tiene que cobrar que cuando tiene que pagar?
3. ¿Son lo suficientemente claras las instrucciones que reciben los funcionarios que emiten estos recibos de cobros municipales como para evitar estas molestias a los ciudadanos?

Resuélvanlo, por favor, porque mucho me temo que este no sea un caso aislado.

Por: Felipe Navarro Sánchez