La sucesión de noticias relativas a una promoción de viviendas realizada en pleno centro de la ciudad y junto a la iglesia de Santiago, lleva camino de convertirse en uno de los asuntos más polémicos de la legislatura, pues están poniéndose sobre el tapete términos como coacción, donaciones o incumplimientos del Plan General de Ordenación Urbana.
La cuestión no es nueva, más bien al contrario. Ya en su día, durante el gobierno del tripartito, el Partido Popular presentó una moción solicitando un retranqueo de 20 metros en la fachada del edificio para que ésta dejase ver una ventana de estilo renacentista de la iglesia de Santiago. No obstante, y por ello fue rechazada la moción, el Plan Especial del Casco Antiguo, realizado durante el gobierno de Vicente Rodes y al que debe acogerse esta promoción, pues está dentro de los límites marcados por dicho Plan, no preveía tal retranqueo ni ninguna medida similar.
Cambiado el gobierno, ya durante el mandato de Vicenta Tortosa, es cuando esta promoción comienza a dar sus primeros pasos, estando pendiente la firma de un convenio en cumplimiento del Plan Especial del Casco Histórico, aprobado por unanimidad en el Pleno que regulara la compensación que debía obtener el ayuntamiento por la edificabilidad adicional obtenida en dicho solar al modificar parcialmente sus usos, una modificación que solicitaron las Hermanas Carmelitas cuando todavía eran propietarias del solar. Sin embargo, dicho convenio, alcanzado verbalmente entre el entonces edil de Urbanismo, José Ayelo, y la empresa promotora, nunca llegó a firmarse.
Retomado el poder por el Partido Popular, ya bajo mandato de Celia Lledó, se elabora un nuevo convenio que firman ambas partes Ayuntamiento y promotora y que estipula la cesión al Consistorio de un local de 488 metros en el edificio Carmelitas y la cantidad de 50.000 euros, lo que a juicio de la empresa es a todas luces excesivo, puesto que supera con creces las compensaciones establecidas por la ley para estos casos.
Así las cosas, la mercantil ha solicitado la anulación de dicho convenio y la elaboración de uno nuevo que fije una compensación ecuánime, a raíz de lo cual se ha levantado una enorme polvareda política y mediática que ya veremos en qué termina, porque a lo públicamente afirmado hay que añadir otras informaciones que hablan poco menos que de presiones, chantajes y grabaciones comprometidas, motivo por el cual exigimos luz y taquígrafos sobre todo este asunto, única manera de hacer aflorar la verdad y que, una vez conocida ésta, cada palo aguante su vela.
