Editorial

La política, al juzgado

En nuestra edición del pasado 1 de mayo les dábamos cuenta del cruce de acusaciones sostenido en el Pleno de abril entre Celia Lledó y Jesús Martínez, por un lado, y José Ayelo y Carlos Beltrán por otro, unas acusaciones que van a acabar resolviéndose en los tribunales de Justicia, situación en la que nunca deberían verse representantes públicos pero que, a fin de cuentas, es como resuelven sus problemas las personas civilizadas.
Tal y como dijimos en su día, la magnitud de las acusaciones lanzadas ante el Pleno y todos los medios de comunicación por Lledó y Martínez es tal que no se podría comprender que, con el tiempo, nadie retomara este tema ni se obtuviera algo que están reclamando a gritos los ciudadanos: respuestas, porque no se puede acusar a nadie, por muy rival político que sea, sin mostrar las pruebas que avalen dicha acusación, entre otras cosas porque vivimos en un Estado de Derecho y todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Por ello, y aunque es peligroso judicializar la vida pública, la demanda interpuesta por José Ayelo no deja de ser una buena oportunidad para que dos cargos públicos dejen de arremeter entre sí a través de los medios de comunicación y comparezcan ante una autoridad superior para defender sus respectivas posturas. De ello se derivará una resolución que no va a dejar bien parada a una de las dos partes, aunque ambas se hayan apresurado a declarar que se encuentran muy tranquilas porque la verdad está de su parte.

Así las cosas, la alcaldesa tendrá que comparecer ante un juez para demostrar sus acusaciones –a pesar de lo criticados que fuimos en su día por diseñar una portada hablando de dicha posibilidad, como pueden ver en nuestra portada de hoy, el tiempo nos ha dado la razón–, y lo que de ahí se derive tendrá importantes consecuencias: dos miembros de la Corporación declarando ante un juez, una sentencia posterior, un condenado y una sociedad que exigirá responsabilidades políticas a quien se apropió de documentos oficiales o a quien mintió ante el Pleno, es decir, ante la ciudadanía de Villena.

No obstante, tal vez este asunto tenga un lado positivo, y nuestros representantes políticos entiendan de una vez que están donde están para trabajar y sacar adelante proyectos, y no para enzarzarse de manera continuada en descalificaciones y acusaciones que no hacen más que perjudicar la imagen de toda la clase política ante los ciudadanos a los que, en teoría, representan.

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