Se está cociendo, o negociando, un nuevo imperio comercial. La UE está tratando con EEUU el Tratado de Libre Comercio, cuyas siglas son el TTIP, que supondrá, una vez se firme, la claudicación de todas las normas de control de calidad de productos alimenticios que aún están vigentes. Imagínense la escasa transparencia de nuestros rectores europeos que los grupos parlamentarios que no forman parte del bipartidismo neoliberal se han visto con un canto en los dientes cada vez que han solicitado información veraz de las conversaciones sobre el Tratado. Los negociadores o intermediarios de la UE están envueltos por lobbies de diferentes corporaciones multinacionales y patronales.
Más de cien encuentros han tenido lugar para estos diálogos, todos cerrados sin luz ni taquígrafos, tantos que la Comisión Europea ha tenido que reconocer que de esos encuentros, más del 90% de esos interlocutores eran grandes empresas. Y lo que llama poderosamente la atención es que desde instancias europeas se afirma que los documentos relacionados con las negociaciones estarán cerrados al público al menos treinta años, o sea, se trata de material clasificado. Si la regla de la UE 1049/2001 garantiza que todos los documentos de las instituciones europeas han de ser divulgados, en este caso hay una excepción. Por eso aclara el Premio Nobel Joseph Stiglitz que no se entiende tanto secretismo, a no ser que lo que están tramando sea realmente malo.
Cuando se apruebe el Tratado de Libre Comercio los gobiernos tendrán que adaptar sus normativas nacionales a los nuevos convenios internacionales, lo que conllevará nuevas reformas laborales, financieras y fiscales, lo que supone en la práctica que el TTIP estará por encima de la Constitución de cada país, otorgándose a los tribunales internacionales de arbitraje mayores competencias judiciales que los tribunales nacionales. No en vano ya se está estudiando una cláusula con trampa mortal: el ISDS o Investor-State dispute settlement, que permitirá a las multinacionales demandar a los Estados cuyos gobiernos apoyen leyes que afecten a sus beneficios económicos presentes o futuros.
El TTIP es un nuevo constitucionalismo que garantiza derechos a los inversores, unos derechos más prioritarios que los derechos de los ciudadanos. A partir de su aprobación no bastará con la reducción de los niveles arancelarios, sino que se beneficiará principalmente a las grandes compañías transnacionales, cargándose de un plumazo toda regulación relacionada con el control sanitario de los productos, atacando los registros medioambientales, los convenios laborales, la propiedad intelectual y los propios servicios públicos. ¿Por qué? Porque muchos reglamentos hoy vigentes suponen costes adicionales a las empresas y ninguna de éstas quiere hacerles frente.
Cuando se amplíen los mercados la competencia será mayor que la actual, comiéndose los más grandes y poderosos negocios a los más pequeños, y por el efecto dominó el cierre de miles de empresas por no poder medirse a la gran competencia y el despido de otros tantos de miles de trabajadores, confirmando estas advertencias la misma Comisión Europea, pues ha dejado escrito que la ventaja competitiva de algunas industrias estadounidenses generará un impacto negativo en sus homólogas en la Unión Europea, pero asume que los gobiernos tendrán fondos suficientes para mitigar los costes que ello genere .
Ya no es la mayor competencia americana la peor amenaza, sino la regulación respecto a sanidad y productos fitosanitarios, porque la UE tiene una reglamentación más estricta que la de Estados Unidos y con el Tratado, cuando se ponga en vigor, se rebajarán los controles, exigencia innegociable para los inversores yanquis. Así las cosas nuestros supermercados se colmarán de productos americanos que hoy están prohibidos en Europa por cuestiones sanitarias o ecológicas, recordando al respecto que el 70% de la alimentación que se consume en EEUU contiene ingredientes alterados genéticamente, algo inimaginable en nuestro continente.
En cuanto a salud pública, la UE bloquea más de mil doscientas sustancias que se utilizan en cosméticos, mientras en USA se censuran tan sólo diez. Y si nos referimos a la protección de datos, Europa todavía pone límites para proteger a los ciudadanos, algo que quedará en el olvido con la invasión comercial.
En fin queridos lectores, nos traerán carnes voluminosas y sabrosas llenas de hormonas sin control, toneladas de pescado de todos los colores alimentados con piensos en piscifactorías, gallinas y pollos a saber de qué granjas, hortalizas de lejanos ranchos, nuevas macro-farmacias liberalizadas por el Estado, juguetes plastificados y sintéticos con la figura de Chucky que se comerá a los niños en vez de entretenerlos y los famosos perritos calientes para transformarnos en obesos mutantes.
Y todo esto con el beneplácito de las socialdemocracias europeas. O Pedro Sánchez pega un puñetazo en la mesa de sus correligionarios socialistas de arriba los Pirineos o que no nos cuente monsergas. El futuro está en juego ¿no era un slogan del PP? y tanto conservadores como socialdemócratas mirando a otro lado. ¿Acaso no tienen nietos que les maldecirán algún día? Habrá que cambiar España y habrá que cambiar Europa. Aunque me temo que para entonces ya sea tarde.
