Desde toda la vida todas las administraciones públicas, desde los propios y legítimos gobiernos, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos del país han funcionado con déficit presupuestario. Las inversiones realizadas no las regala nadie y quienes se proponían acometer una obra sabían que no podían pagarla a tocateja, sino a través de largos compromisos. Evidentemente otra cosa es valorar si muchas cosas de las que se han hecho eran necesarias o no, como también que otros gastos lo han sido con financiación europea. Pero muchos gobiernos municipales han obtenido victorias electorales porque en su programa ofertaban un producto estrella difícilmente rechazable, por más que los futuros pagamentos los asumieran los que vengan detrás; porque lo hecho, hecho está y el que entre que se jorobe.
Pongo por caso, y sin ánimo de crítica, nuestra plaza de toros o la piscina cubierta. En todas las obras de envergadura que se acometen se necesitan un sinfín de informes oficiales: impacto medioambiental, acústico, económico, siendo necesario en ocasiones una modificación del Plan General Urbanístico, pero siempre es imprescindible un Plan de Viabilidad. Y esto es así porque como las administraciones locales no tienen capacidad inversora para obras dantescas, adjudican primero las construcciones, después la explotación, a empresas privadas. Éstas, lógicamente, pretenden hacer negocio y exigen unas condiciones, como son largos años de concesión y, lo más importante, caso de tener pérdidas abandonan la causa y dejan el marrón al ayuntamiento.
Así ha sucedido con el parking de la Plaza, reclamando ahora la empresa concesionaria 3.100.000 euros al ayuntamiento. El otro ejemplo, el de la piscina cubierta, donde la empresa, ahora mismo, tiene pérdidas y tocará al consistorio asumir los agujeros financieros, al igual que los intereses de una plaza de toros que los mecenas todavía no han pagado. El caso es que las empresas necesitan garantías: años de concesión y explotación. Para ello resulta imprescindible un Plan de Viabilidad serio y contundente, no frívolo e informal como el copiar y pegar que presentó el asesor de turno.
Pero la trampa, amigos lectores, está aquí, en que ningún Plan de Viabilidad puede ser, hoy en día, ni serio, ni preciso, ni contundente. ¿Por qué? Imagínese que usted quiere realizar el viaje de su vida, el más soñado, y contacta con su agencia de viajes. La compañía le dice que ahora es imposible, que las demandas están cubiertas y que tendrá que esperar cinco años, pero antes y para asegurar su plaza tendrá que depositar el 50% de los costes en concepto de fianza, pero sin posibilidad de recuperarlos en caso de echarse atrás. ¿Daría usted la fianza? ¿Sabe usted con seguridad que dentro de cinco años su vida no habrá cambiado, que tiene salud, las mismas ganas y la misma disposición económica? Imposible de saber.
Pues ningún Plan de Viabilidad, en los tiempos que corren, garantiza nada. Porque lo que hoy es llevadero y asumible mañana no puede serlo. Los desahuciados tenían su Plan de Viabilidad porque tenían trabajo y perdieron el empleo y sus viviendas. Los afectados por las preferentes tenían su Plan de Viabilidad al invertir todos los ahorros de su vida y fueron engañados. Los universitarios tenían su Plan de Viabilidad porque sabían que, una vez licenciados y esperando más o menos un tiempo, acabarían colocándose en el mercado laboral, quedándose sus expectativas en un sueño roto. Los parados con prestaciones tenían un Plan de Viabilidad porque sus 400 euros aún les permitían malvivir, pero se quedaron sin las ayudas. Los dependientes tenían su Plan de Viabilidad porque recibían subvenciones a través del Plan de la Dependencia, y no sólo se les ha arrebatado, sino que además tienen que hacer frente a un repago que riza el insulto y el abuso.
¿Quién puede hoy garantizar cualquier Plan de Viabilidad, y más a cuarenta años? Nadie. Ni informes, ni estudios, ni programas electorales. ¿Por qué se firman pues? Hace dos agostos PP y PSOE modificaron el artículo 135 de la Constitución, evitando el gasto de las Comunidades Autónomas y poniéndole un tope. Ahora se aprueba la Reforma de las Administraciones Locales, minimizando la gestión política y dejándoles sin maniobrabilidad. ¿Quién será el irresponsable que firme un Plan Inviable? ¿Pagará él las deudas? Porque amigos míos, las empresas quieren hacer negocio y son las primeras que, cuando afloran los números rojos, dicen al titular del inmueble: hágase usted cargo, que para eso firmó y esto es suyo.
Y saben perfectamente esas empresas que, antes de 40 años, ya no existirán. Se habrán fusionado con otras, habrán creado una UTE o se las habrá tragado el tiempo. Pero mientas obtengan beneficios, ahí estarán, al pie del cañón. Pero si los pierden, que sea el ciudadano quien apechugue, que para eso paga impuestos.
P.D: Como sugerencia, que las concesiones se revisen cada cuatro años, los mismos que dura una legislatura. Y si aun así determinadas obras no se pueden hacer, pues que no se hagan. Que si ya estamos hartos de hipotecas particulares imagínense de las públicas.
