Los vecinos de Jorge Guillén pedirán un acta notarial de los daños que las obras de la Rambla Conejo causen en sus casas

Este lunes los vecinos de la calle Jorge Guillén y la directiva de la Asociación de Vecinos El Mercado tuvieron la reunión con la alcaldesa, Celia Lledó, y los concejales de Urbanismo Residencial, Mª José Hernández, e Infraestructuras, Jesús Martínez, que venían demandando desde hace semanas para que les informaran de primera mano sobre las obras de desvío de la Rambla Conejo que se están efectuando a través de su calle.
Junto a ellos se encontraban tres técnicos, que explicaron a los asistentes en qué consistía el proyecto, asegurándoles que en lugar de la calle Miguel Hernández se había escogido Jorge Guillén –pese a ser mucho más estrecha– porque la bajada desde el tramo inicial de la rambla era mucho más recta por allí. Según el presidente de la asociación, Fernando Úbeda, “los vecinos lo entendieron, aunque no estaban de acuerdo en que fuera la mejor opción”. En este sentido preguntaron por qué ahora ya no era válido el proyecto inicial, que había sido redactado por el mismo técnico.

En cuanto a los desperfectos que pudieran sufrir las viviendas a consecuencia de las obras, los técnicos señalaron que técnicamente no había ningún riesgo, puesto que el proyecto cuenta con un plan de seguridad propio. Por su parte la primera edil afirmó que no habría ningún problema, aunque no se atrevió a garantizarlo al 100%. Les indicó que presentaran reclamaciones ante el Ayuntamiento si había algún daño y que se les pagaría. En ese momento intervino Fernando Úbeda, diciendo que eso era falso, pues quien paga al final es el seguro y si los afectados no tienen un acta notarial que demuestre que la casa estaba bien antes de la obra, no se hace responsable de los gastos.

También los propietarios de dos comercios existentes en dicha calle expresaron sus quejas por las molestias y perjuicios que las obras podían causar en sus negocios, al limitar el acceso a los mismos. “Pero la alcaldesa les respondió que se aguantaran, como el resto de vecinos”, añadía Úbeda.

Descontentos con la respuesta del equipo de gobierno, los vecinos han decidido que un notario levante acta sobre el estado actual de sus viviendas, para poder presentarlo como prueba ante el seguro si tras las obras hay daños y tienen que reclamar. Estiman que cada uno tendrá que abonar unos 150 euros a la notaría. Después presentarán las facturas ante el Ayuntamiento para intentar que se las paguen, al entender que no es un problema de los vecinos, sino del consistorio, que es quien está ejecutando las obras. Asimismo han acordado pedir que el Ayuntamiento exonere, a los comercios afectados, del pago de algún impuesto municipal mientras duren las obras.