Recuerdo la película John Q, protagonizada por Denzel Washington, en la que su hijo está gravemente enfermo y necesita con urgencia un trasplante de corazón. De no ser intervenido morirá, pero el coste asciende a 250.000 dólares y sólo para ponerlo en la lista de espera de donantes debía adelantar el 30%, unos 75.000. Siendo esta familia americana una más, de entre millones de ciudadanos, que su cobertura médica no alcanza para pagar una complicada operación, el padre decide secuestrar al equipo médico en hospital y, pistola en mano, obligarle a la realización del trasplante. Luego viene la parafernalia mediática de las televisiones y el debate nacional, con detractores y simpatizantes de tan heroica acción.
Desde la lejanía que nos separa me parecía un peliculón exagerado, propio de los filmes taquilleros; hoy no, porque caminamos aquí, en España, por los mismos derroteros. ¿Qué padre o madre de bien no haría todo lo necesario para ayudar, salvar o dar de comer a sus hijos? Robando y matando si fuese necesario. Pues así se nos está poniendo el panorama. Hace apenas unos días nos desayunamos con la noticia de que una familia de Villena tenía que costearse una alimentación específica, los llamados batidos hospitalarios, para que su hija pueda comer y sobrevivir. La niña tiene un nivel de discapacidad del 75% y el desembolso supera los 3.000 euros mensuales, pues la Administración obliga a pagar hasta el 40% de lo que hasta ahora era gratuito.
Como denuncia la Escuela de Padres del colegio de Educación Especial de APADIS el copago abusivo para enfermos crónicos discapacitados es irracional y demencial. Pagar ahora productos de ortopedia sillas de ruedas, andadores, férulas, corsés, pañales, empapadores o jeringuillas es retroceder 40 años. A esta niña la están condenando a dos cosas: o que sus padres, los dos en paro, se afilien al narcotráfico para obtener dinero sucio pero contable, en su defecto asaltar bancos, o morir por inanición. De esta manera lo que está provocando el Gobierno, autonómico o nacional, no son brotes verdes, sino eclosiones de locuras.
Si tanto recorte absurdo, en pro de unos ajustes que nos venden como necesarios, sirve para empobrecernos más y para vivir peor, mala democracia es la que avasalla por decreto. Se justifican los gobernantes en que las medicinas para enfermos crónicos son caras y cuestan mucho a las arcas públicas, pero olvidan que la mayoría de pensionistas también tuvieron una vida cara de peleas, trabajos y disgustos y no merecen que les priven de lo que se ganaron a pulso; y olvidan también que los enfermos crónicos representan a la clase social más desvalida, dejándoles así en la más cruda indefensión. Que recorten por arriba antes que por abajo y que el señor Presidente del Gobierno ingrese la mitad de lo que obtiene, si es que quiere dar lecciones de austeridad.
Seguro que habrían más ciudadanos de a pie que, si fueran Presidentes, tendrían más sensibilidad para con los menos dotados y desfavorecidos. Puesto que la Sanidad, cada día que pasa, es menos universal y menos gratuita se me ocurre una bárbara intencionalidad, que se pretenda con ello que las defunciones de todo el personal improductivo y altamente costoso proliferen en los próximos años y se limpie el país de parásitos inservibles: parados, jubilados, enfermos y demás españoles que reclaman sus derechos y suponen una atención económica. Una forma sutil de hacer descender la demografía para emplear a los jóvenes sin trabajo con contratos temporales a precios de risa. Si esta idea tuviera algo de cierta, el Estado sería responsable de genocidio por indefensión de las víctimas. Algún escandalizado me acusará de paranoia, pues tales pensamientos perniciosos no caben en una democracia como la nuestra. Pero yo quiero una democracia que proteja a la gente necesitada, no la que babee ante los poderosos mercados de la usura.
