El Diván de Juan José Torres

Pícaros eclesiásticos

Nadie pone en duda que la Iglesia cumple una labor social y humanitaria allá donde no llegan las Administraciones Públicas, las cuales se eximen de sus responsabilidades porque existen organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a atender carencias y necesidades de sectores marginales y de exclusión social. Quede claro entonces mi profundo respeto a esas órdenes religiosas que dedican su vida y su tiempo para favorecer a los más desprotegidos por todos los rincones del planeta. Monjas y sacerdotes que, siguiendo la llamada evangelista, se juegan el pellejo sirviendo a sus creencias y ayudando a enfermos y desposeídos en lugares donde la vida no vale nada. Igualmente mi reconocimiento a esas ONG que cumplen la misma labor desde principios humanitarios y sin la exclusividad religiosa.
Precisamente por eso y porque el Papa Francisco ha cambiado radicalmente el discurso del inmovilismo del que ha hecho gala siempre el Vaticano, quiero denunciar el acomodo y la insolidaridad de quienes habiendo ostentado altos cargos en la Iglesia pretenden seguir prolongando favores y privilegios. Como botón de muestra Antonio María Rouco Varela, expresidente de la Conferencia Episcopal Española y exarzobispo de Madrid. Este deshumanizado y poco ejemplar personaje ha fijado ahora su nueva residencia, una vez jubilado, en un ático de trescientos cincuenta y nueve metros cuadrados en la céntrica calle madrileña de Bailén.

Explicado así, el hombre puede irse a vivir donde le dé la santa gana, siempre y cuando se costee él mismo el alquiler o la compra de la viviendas; pero siguiendo la vieja retahíla de que “Dios proveerᔠle resulta al exdirigente eclesiástico gratis, pues está la humilde choza exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Según el artículo 62 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de marzo de 2004, están dispensados de pago “los de la Iglesia Católica” en virtud del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, pues en su apartado cuarto subraya que “están exentos de la Contribución Territorial Urbana las residencias de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con curas de almas”.

Según fuentes consultadas el mencionado inmueble, de no ser condonado por la Administración, debería satisfacer un recibo anual de entre 3.500 y 4.000 euros. La mudanza, además, y según la nada sospechosa publicación Religión Digital, le ha costado al Arzobispado de Madrid medio millón de euros con reforma incluida, para que al señor no le falte de nada aunque, eso sí, no quedará exonerado de pagar las tasas de basuras, pues es la prestación de un servicio. Y puesto que no imagino, bajo ningún concepto, que este hombre pase la mopa o la aspiradora, entiendo que tendrá a su disposición un servicio doméstico, sufragado, esta vez también, por las arcas de las instituciones católicas del país.

Podría llegar a aceptar, en un incómodo esfuerzo de empatía, que el acuerdo Iglesia-Estado exima de impuestos determinadas pertenencias de las congregaciones católicas, pero referidas solo a catedrales, parroquias, santuarios o ermitas, nunca a residencias privadas. Por eso, correspondería a las instituciones oficiales eclesiásticas un gesto humanitario y social al que renuncia deliberadamente, un gesto en el que se pusiese a la altura de las circunstancias y desistiera de notables privilegios.

En estos tiempos donde los desahucios apelan a la dignidad y reclaman justicia, donde la pobreza energética clama al cielo, donde la indigencia aumenta en la población infantil, donde se suprimen becas a comedores escolares, se incumple la ayuda a la dependencia, aumentan los ciudadanos de tercera clase sin techo, miles de familias no llegan a final de mes y tienen un horizonte de futuro incierto, resulta absolutamente inadmisible que personalidades de elevada autoridad moral perpetúen el descrédito del concepto casta. Porque entre el honor de vivir en una mansión y la humillación de hacerlo en un albergue social hay un término medio, por tanto prediquen los prelados con ejemplos solidarios, no con comportamientos de linaje impropios de la realidad.

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