El cruce de acusaciones sostenido a raíz del último Pleno entre Celia Lledó y Jesús Martínez, por un lado, y José Ayelo y Carlos Beltrán por otro, lejos de amainar parece ir a más, no siendo descartable que este asunto acabe resolviéndose en los tribunales de Justicia, una posibilidad que ha enarbolado el PSOE desde el primer momento, si bien es cierto que las querellas no se anuncian, se ponen, y en consecuencia habrá que esperar acontecimientos a lo largo de los próximos días.
No obstante, la magnitud de las acusaciones lanzadas ante el Pleno y todos los medios de comunicación por Lledó y Martínez es tal que no se podría comprender que, con el tiempo, nadie retomara este tema ni se obtuviera algo que están reclamando a gritos los ciudadanos, ya sea mediante foros digitales o en las propias conversaciones de calle: respuestas.
No se puede acusar a nadie como han hecho Lledó y Martínez, por muy rival político que sea, sin mostrar las pruebas que avalen dicha acusación, entre otras cosas porque vivimos en un Estado de Derecho y todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Por ello, es legítimo reclamar que, si tienen pruebas, las presenten y actúen contra Ayelo con toda la dureza que la ley permita, pero de no existir prueba alguna, sería muy conveniente que alguien pronunciara alguna disculpa en público, ya que, de no ser así, las acusaciones son lo más parecido a un bumerán: se vuelven en contra de quien las lanzó, máxime cuando ha sido el acusado, y no el denunciante, la única persona que por el momento ha mostrado una prueba irrefutable: el requerimiento firmado por la propia Celia Lledó y con registro municipal que demuestra que los documentos de la discordia le fueron solicitados a José Ayelo después del Pleno, y no antes, como sostuvieron Lledó y Martínez durante la sesión plenaria.
Si la sucesión de acontecimientos sigue el curso anunciado por el PSOE, Celia Lledó podría verse próximamente ante un juez explicando sus declaraciones, circunstancia que no debería alegrar a nadie. Por ello, esperamos que las aguas vuelvan a su cauce y todo lo sucedido no sea sino fruto de un acaloramiento momentáneo y del cansancio vivido durante una sesión interminable, porque la otra opción que queda no es nada deseable: tres miembros de la Corporación declarando ante un juez, una sentencia, uno o dos condenados y una sociedad que exigiría responsabilidades políticas a quien se apropió de documentos oficiales o ante quien mintió ante el Pleno.
