Empresas con 160 trabajadores las hay por centenares en España, que trabajen el vidrio bastantes menos. Si pongo como ejemplo a Cristalería Soler es porque, con seguridad, otras muchas entidades y en sectores distintos, catalogadas como medianas en el ámbito empresarial, están abocadas al cierre o ya han presentado esa solicitud necrológica del Concurso de Acreedores. Ese ERE en toda regla que hace unos años pocos sabíamos lo que significaba y que hoy, tristemente, es uno de los vocablos más recurrentes y que más se estilan. Este país va a la deriva porque se está destruyendo empleo, público y privado, y las previsiones para final de año nos acercan a los 7 millones de desempleados, circunstancia que, si no se erradica y corrige, difícilmente dejará crear riqueza, ni potenciar el consumo, ni reactivar la economía.
Todas las empresas corren este riesgo, más no todas son iguales porque existe mucha diversidad respecto al producto que producen. Así podemos observar que muchas de ellas están condenadas porque lo que fabrican ya está en desuso, no teniendo salida en el mercado; pero otras siguen igualmente condenadas teniendo demanda. Este es el punto clave, pues todos los estamentos deberían diferenciar muy bien la coyuntura de unas empresas y las circunstancias de otras. No es lo mismo el cierre por falta de pedidos que bajar las persianas teniendo faena.
Es aquí, en este punto, donde la Administración comete un delito por negligencia o falta de apoyo, porque es un crimen que Cristalería Soler se vea abocada al cierre y a despidos múltiples teniendo demanda en el sector, siendo el único motivo la falta de financiación. Otro caso distinto, por ejemplo, es APADIS, que para su viabilidad depende única y exclusivamente de las subvenciones de la Generalitat Valenciana, siendo una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el diagnóstico de una discapacidad y su tratamiento terapéutico en el Servicio de Atención Temprana y Departamento Psicopedadógico, la educación del atendido en un Colegio Especial, su formación en el Centro Ocupacional, la prestación de un hogar a través de la Residencia o los servicios de unos Pisos Tutelados.
Cristalería Soler es una empresa que produce materiales que se venden para el sector de la edificación y, además, tiene una importante demanda. Por eso es inadmisible que tenga que desaparecer por falta de recursos. Como empresa privada la financiación correspondería a entidades bancarias, que para eso recibieron dinero público, para acometer estos casos, nunca para saciarse con millonarias prejubilaciones, pero si las entidades bancarias no abren el grifo debería ser el Estado y su Gobierno quien impidiese tal despropósito, el de abandonar una empresa potencialmente rentable. El tejido industrial está en estos tiempos para mimarlo, no para dejarlo en la estacada con destrucciones de empleo teóricamente sobrevivientes.
De modo que si a la codiciosa Banca le importa un bledo la supervivencia de una importante empresa, no debería suceder lo mismo con el Estado, que debería obligar a las Cajas o Bancos a refinanciar, con el dinero de todos, la viabilidad de estas empresas, y si aun así no fuera posible, que fuese el propio Estado, mediante su publicitado ICO, quien las reflotara. Y si en el peor de los escenarios ni a uno ni otro, ni Banca ni Estado, le preocupa el tema, el delito ya es mayúsculo. Y a partir de aquí recuerdo las palabras de mi amigo Fernando, cuya sabiduría nunca deja de sorprenderme, pues afirma que, puesto que unos y otros pasan olímpicamente del hundimiento de esta empresa, que sean los 160 trabajadores quienes se constituyan en Cooperativa o lo que Dios provea y negocien con los actuales propietarios la continuidad del negocio. Renegociar y establecer con los dueños el uso de instalaciones y maquinaria para reiniciar una nueva etapa y recuperar a los clientes perdidos. Y si esto no fuese posible presentarse 160 cooperativistas en un banco, en una Consellería o en la misma Moncloa exigiendo financiación, porque trabajo hay.
