La administración de una casa es, en principio, bastante sencilla. Tan sólo hay que preocuparse de que los gastos no superen a los ingresos y que el margen de beneficio disponga con garantías el cubrimiento de las necesidades del hogar. Siempre ha sido así y cada familia debería tener la suficiente habilidad para que el curso de los acontecimientos no ponga en peligro el cálculo de las previsiones. Puntualmente, si es que surgen dificultades imprevistas, puede recurrirse a un familiar de confianza, a un leal amigo o, en el peor de los casos, a un prestamista que sea más benévolo que los bancos. Todo con la esperanza de que exista un cierto equilibrio entre lo que ganamos y lo que gastamos, procurando no endeudarnos fuera de control.
El Ayuntamiento es una gran casa cuyos moradores no tiene parentesco familiar sino que son personas públicas cuya vecindad es transitoria, no siendo ni inquilinos ni okupas, dependientes sus fechas de caducidad del sufragio popular. La inmensa mayoría de los ayuntamientos están endeudados pues, como estamentos públicos, realizan inversiones y consumen gastos con un dinero que no tienen pero esperan contabilizar. Suelen recurrir a ayudas financieras externas, ya que por sí solos no podrían hacer frente a las demandas y necesidades ciudadanas. Así, el hermano que echa una mano podría ser la Diputación, la madre que cubre con discreción, la Consellería, y el amigo fiel, los fondos gubernamentales o europeos.
Pues bien, cuando gobernó la legislatura pasada el PP en Villena prorrogaron los mismos presupuestos del año 2008 un curso tras otro. Es lo mismo que si usted aún tiene la suerte de trabajar y dispusiera del mismo sueldo que hace cuatro años, pero con la hipoteca subiendo en cada revisión, mayor carestía de la cesta de la compra, así como lo más imprescindible: luz, agua, gas y otras necesidades cotidianas. Por tanto el PP administraba menos ingresos de la casa pero con mucho mayor gasto; menos rentas porque la crisis, especialmente de la construcción, ha supuesto devengos inferiores. Sin embargo hemos escuchado, por activa y por pasiva, que el gobierno popular acabó su periplo con superávit.
Resulta inconcebible que se pronuncie así cuando existen proveedores que llevan once, doce meses sin cobrar. Es lo mismo que si usted se cambia los muebles y electrodomésticos sabiendo que no los va a abonar, y luego recrimina al vecino de que tiene deudas. Del mismo modo es muy fácil acusar al nuevo gobierno municipal de tacaño; porque total, con unos pocos miles de euros hubiese habido fiesta de Nochevieja, que por otros miles habrá carnaval y por otros 38.000 se pagaría el canon de la SGAE. Se pueden contratar servicios con la intención de no pagar, tarde o mal; y se puede gastar el dinero con frivolidad, peligrando entonces las nóminas, la calefacción de los colegios o el contador de la luz.
Lo inaudito de los populares es que insistan en que el Tripartito no paga, no invierte y pierde subvenciones, olvidando que muchos acuerdos comprometidos quedarán en agua de borrajas porque el amigo está en quiebra, la madre apenas subsiste y el hermano se quedó con una mano delante y la otra detrás. Si el anterior gobierno prorrogó durante cuatro años los presupuestos, miente al afirmar que dejó ganancias. A cada año vencido menos ingresos y mayores pasivos, más cuando ha tenido que costear los intereses de la Plaza, incluidas las abandonadas plazas de garaje.
Todo lo escrito reafirma que el nuevo Equipo de Gobierno heredó compromisos y deudas, lo que no le exime de una entonada responsabilidad: la de saldar obligaciones pendientes ahorrando el mayor coste posible, minimizando partidas, reduciendo horas extraordinarias o aminorando los cargos de confianza, que en los tiempos que corremos, algunos pueden ser prescindibles. Para obrar milagros hay que asumir, lo primero, la penuria.
