El anteproyecto sobre la Reforma de la Ley del Aborto, promulgada por el ministro Alberto Ruiz Gallardón, sigue su paso firme aun a pesar de que la diputada popular Celia Villalobos se haya desmarcado de la disciplina de voto y se haya aliado con la moción de IU. Lo que no cabe la menor duda es que esta nueva ley es polémica, habiendo sido cuestionada por numerosas voces desde dentro del PP, luego algo tendrá de retrógrada cuando crea debate entre las propias filas del partido del gobierno. Pero más allá de debatir el problema en las propuestas técnicas o jurídicas lo que deseo es presentarles una reflexión.
No voy a entrar, por tanto, en cuestiones que pertenecen única y exclusivamente al ámbito de las conciencias de cada cual, pues hay quienes consideran el aborto, en cualquiera de sus formas, un asesinato por interrumpir la vida de un embrión vivo, y hay quienes piensan que su cuerpo es sólo suyo y tienen derecho a decidir su propio destino, sin que autoridades eclesiásticas o políticas intervengan en su decisión. Yo respeto las opiniones de los unos y de las otras, aunque entiendo que son planteamientos antagónicos y por siempre irreconciliables, pues unos acusan de crimen y otros apelan a la libertad personal.
Independientemente de que la Reforma salga adelante a piñón fijo, como vuelve a ser habitual en este gobierno de mayoría, lo que está claro es que el tema es muy sensible y delicado. Lo ideal sería que toda mujer quedase embarazada por decisión propia, colmándose de alegría y cumpliendo un sueño. Eso sería lo deseable en todos y cada uno de los casos. Pero no siempre es así y muchas veces existen embarazos no deseados y por múltiples motivos. Por delicada salud, por penurias económicas, por sentirse rechazada por los propios padres, por ser una mujer soltera y sin recursos, por mil causas que en vez de premiar a la madre le suponen un duro castigo. Porque la frívola excusa que esgrimen muchos antiabortistas de que muchas jóvenes son irresponsables en noches locas y, por tanto, deben asumir su locura, aun siendo cierto no representa a otras miles de mujeres que se quedaron en cinta porque no tomaron la pastilla o se rompió el profiláctico.
La cuestión es que el embarazo indeseado siempre es un problema y este gobierno lo que pretende es aumentar el problema. ¿Cómo? Criminalizando, penalizando a la mujer que decida abortar. Lo sensato sería que el gobierno, al margen de sus proyectos o reformas, se implicara en el problema desde los primeros inicios para resolver el problema o darle las mejores soluciones. Me explico: cuando hay una catástrofe o un acto terrorista el Estado provee un protocolo de emergencia para socorrer a las víctimas, y entre otras cosas facilita equipos psicológicos para atender a los damnificados y consolar el dolor.
Pues bien, cuando una mujer, adolescente o adulta, tiene un embarazo indeseado y le asaltan las dudas, se le acumulan los problemas y piensa que su vida va a ser un infierno, debería el Estado tomar cartas en el asunto, no para penalizar conductas, sino para ayudar en una posible solución. Al igual que un psicólogo interviene para evitar que un suicida se tire por la ventana o se propone a un mediador para llegar a un trato con asaltantes que tienen rehenes, el Estado debería de crear los recursos necesarios para ayudar a esa mujer angustiada por diferentes razones.
Sin embargo nada existe por parte de la Administración que no sea culpabilizar, perseguir o condenar. No hay apoyo psicológico a una embarazada desesperada, no hay ayudas económicas que ayuden en los meses de gestación, no hay seguimiento del embarazo ni garantías después del parto. Una mujer con problemas económicos, rechazada por la familia, sola y con un niño en sus brazos es carne de cañón. Sin empleo, sin ingresos y sin posibilidad de cuidar a su hijo, alimentarlo bien y darle educación es aumentar todavía más un problema social. Y este es uno de los retratos más acuciantes de la mujer que desea abortar.
Déle el estado ayuda psicológica desde el principio, ayúdele económicamente durante la gestación y, llegado el caso del alumbramiento, provea recursos para que vivan con dignidad. Incluso si la madre decidiera desprenderse del bebé una vez nacido, simplemente porque no se ve en el papel de madre y por más que se le garanticen sus necesidades educativas o sanitarias, facilite el Estado la donación de ese recién nacido a parejas que no pueden tener hijos aunque desean tenerlos, evitando así que tengan que desplazarse a países lejanos para traérselo con costes económicos muy elevados, pues al fin y al cabo no deja de ser una compra.
Pero en España está prohibido el embarazo de alquiler y las parejas que desean adoptar tienen que hacerlo en otros países. ¿Tan difícil es facilitar las cosas, involucrarse en el problema de una mujer con embarazo indeseado o donar un niño a parejas que quieren y no pueden?
Pero es más fácil pasar del problema, olvidarse de la desazón de una chica y promulgar leyes que no solucionan los conflictos, sino que los agrandan. Es más fácil penalizar que crear mejores condiciones. Y así nos va.
