La columna de la semana pasada llevaba por título Corrupción, siendo un lastre envenenado que amenaza no solamente a las máximas instituciones del país, sino a la misma democracia. A la ciudadanía hace tiempo que no se le pregunta y ya sabemos que está más que indignada, la clase política dice que también, pero deben decirlo con la boca pequeña porque no se ven síntomas ni gestos para erradicar esta lacra con metástasis por todos sus organismos. Por eso, la solicitud de regeneración política debería partir desde dentro de las organizaciones y de los dirigentes y militantes de los partidos, desde sus líderes más aventajados hasta la presión asfixiante de sus bases; de no ser así el rechazo social hacia los representantes será absoluto.
No abonan ejemplo manteniendo sus privilegios y sus hermosas nóminas en medio de una crisis que provoca empobrecimiento, ni tampoco tapándose unos a otros en las negligencias o en los trapicheos. La palabra más famosa de España hoy es la de imputado, desconocida hasta hace poco. Cuando alguien es imputado por un juez tiene derecho a una defensa justa, por supuesto, incluso la presunción de inocencia, a la espera de la sentencia cuando ésta ocurra si no nos morimos esperando; pero cuando existe imputación no se hace bajo unas premisas de sospecha, sino con pruebas contundentes e irrefutables.
Así las cosas no acabo de entender cómo Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, aplazando juicios pendientes por recursos interminables, no ha sido expulsado de su partido; como tampoco entiendo por qué Alberto Fabra, presidente de la Generalitat, no se ha personado todavía en la causa contra Urdangarín o cargos suyos imputados en la trama Gürtel; no entiendo cómo Bárcenas tenía un despacho en Génova sin militar en el PP; ni cómo Jesús Sepúlveda, exalcalde de Majadahonda, siga en nómina del partido, ni tampoco entiendo que la ministra de Sanidad, Ana Mato, no haya sido cesada cuando el 70% de la militancia pide su cese inmediato. Tampoco es comprensible que el señor Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, siga ostentando la presidencia a pesar del escándalo de los ERES; o que el exministro José Blanco, imputado no haya entregado su carné; o Rafael Blasco, todavía Conseller, imputado por evidente fraude.
No me vale que tanto imputado siga ejerciendo cargos como si nada, como si no fuera con ellos la cosa y si no quieren dimitir que sus direcciones les expulsen fulminantemente. Ahora que la transparencia se está poniendo de moda y todos se suben a su carro el mejor de todos los gestos posibles es limpiar la era. Si un partido no quiere ser sospechoso de nada que se libre de sospechas y para ello deberán prescindir de aquéllos que se las han ganado a pulso. No basta con la pública declaración patrimonial o de Hacienda, porque entiendo que eso debería ser obligatorio no ahora, sino desde el año que se aprobó nuestra Constitución.
No es suficiente con saber con qué patrimonio entró alguien en la política y con qué gananciales sale, lo que importa es que si lo que se pretende es recuperar la credibilidad deben ser creíbles todos sus miembros, y algunos dejaron hace tiempo de serlo. Se ha consentido, por unos y por otros, tanta mierda que, cuando ven peligrar una escandalosa abstención o el ascenso de terceras fuerzas que tosan al bipartidismo, todos se apuntan a la regeneración política. Aznar, Aguirre, Rajoy y hasta Rubalcaba. A ninguno de ellos se le ocurrió mientras gobernaban planchar sus propias ropas y tirar los desechos y ahora, cuando aflora tanto plumero, a la carrera todos. Incluso el PSOE propone una Oficina Anticorrupción, cuando ese invento ya fracasó cuando Felipe González presentó para esos menesteres a Baltasar Garzón, sin dotarlo de financiación y recursos. La regeneración no es cambiar de collar, sino servir al pueblo.
