Siempre que llegan estos días me acuerdo del final de una transmisión de la televisión local tras la entrega de los premios del día 9 hace más o menos un lustro-, cuando el locutor de tanda expresaba con angustia cuál era el destino de Villena después de las Fiestas: la boca del lobo.
Lo cierto es que sí sería de agradecer que nuestra querida ciudad supiese alargar parte del festivo ambiente que saca a relucir del 4 al 9 de septiembre para que los villenenses y visitantes también estuviésemos encantados de vivir aquí. Sin embargo, el carajal del Ayuntamiento sigue siendo un desastre de melonar, el Valencia llegó y le sacudió al Hércules, la plaza portátil se desmontó finalmente después de hacernos concebir ilusiones sobre algún evento popular, la Asamblea Verde de Villena rechaza la instalación del cementerio nuclear en Zarra, detienen y ponen a disposición judicial a un hombre de 60 años como presunto autor de la amenaza de bomba en la biblioteca, la SGAE y la UNDEF firman en la Casa del Festero el convenio regulador de la música para las Fiestas de Moros y Cristianos y la contribución a punto de volvernos a diezmar casi al mismo tiempo que las diversas tribunas de prensa van retomando su actividad cotidiana.
También ahora regresa la gota fría a la escuela como todos los años por estos días y nuestros hijos asaltan las aulas con los libros recién forrados, de entre los que destacan los espantosos libros de valenciano: Bufa, bufa cantaba el porquet. ¡Qué tendremos que ver en Villena con esto del valenciano! ¡Qué pecado hemos cometido para que nos metan en la misma olla!
Atiendan por favor a lo que les voy a referir a continuación y ríanse ustedes de los separatistas de hecho. Tal y como ha puesto Pablo Yáñez González a la sazón Presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística en conocimiento de la opinión pública en relación con el caso de Isabel Aracil la madre de un niño de Biar que denunció a la Generalitat Valenciana el pasado mes de junio por la imposibilidad de escolarizar a su hijo en castellano espera ya sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Como los lectores recordarán, la demanda fue presentada al comienzo del verano y supone un hecho pionero para la administración de justicia en nuestra comunidad autónoma, puesto que solicita la escolarización del niño en castellano y que se eleve al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano porque, según entiende la asociación demandante, la Generalidad niega el derecho de los padres a elegir de entre las oficiales la lengua vehicular en la escolarización de sus hijos.
Lo peor de todo, lo que resulta verdaderamente preocupante, es que también desde un gobierno del Partido Popular se imite a Montilla proclamando que una ley autonómica no está sujeta al marco legal vigente para evitar la cuestión de inconstitucional sobre la ley que sujeta el modelo de imposición del valenciano.
