Vida de perros

Sesenta y Diez: las cifras de la polémica

Se pongan como se pongan, diré sin pelos en la lengua que hemos llegado al punto culminante de la desfachatez en este alegremente llamado sistema democrático. Y que el presente gobierno en funciones ha llegado al cénit de la desvergüenza, y que ya es hora de dejar de permitir que el señor en funciones Montoro siga riéndose en nuestra misma cara y esconda sus vergüenzas ante sus amos europeos.
Es hora de decir que esta “justicia distributiva”, como con la boca pequeña denomina la portavoz Verde Cate Hernández a la actualización catastral de bienes inmuebles, no es más que una artimaña administrativa del señor Montoro para desangrar un poco más a las exprimidas gentes de nuestra España. Es hora de decir que los incumplimientos del ministro Montoro con la UE nuevamente los pagaremos la ciudadanía sin siquiera la satisfacción de recibir la dimisión de dicho ministro a cuenta de su ineptitud y sus mentiras.

A cuenta de ello, solo en Villena, más de cuatro mil personas deberán cubrir los sesenta euros de tasa derivados de la inspección de sus inmuebles, pudiendo, previo informe de un gabinete de arquitectura, unos cien euros más, reclamar la infracción que les obligará a pagar con carácter retroactivo de cuatro años la diferencia reclamada. Lo que supone un gasto global, solo en nuestra ciudad, de más de doscientos cuarenta mil euros en tasas, y más de cuatrocientos mil euros en gabinetes de arquitectura en caso de que hubiera un cien por cien de reclamaciones; sumando además lo correspondiente a esos cuatro mil inmuebles en la suma de los cuatro años reclamados. Solo en Villena. Lo que digo: una derrama en toda regla necesaria para cubrir la ineptitud de este gobierno en funciones y de ese mismo gobierno anteriormente en curso. Lo que resulta en definitiva del “trabajo” de unas personas elegidas para gestionar nuestro pasado, presente y futuro, que en realidad se han dedicado –a los dictados judiciales me remito– a robarnos, a engañarnos y a despreciarnos.

Pero no queda la cosa ahí. Porque ahora la siguiente cifra, “10”, corresponde a los euros que los bancos solicitan como tasa si usted, sí, usted, quiere abonar en la caja de un banco el importe correspondiente a su factura de agua. Y yo que pensaba que en este país estaba prohibida la usura, tonto de mí. Va a resultar que es posible cobrar más de un veinticinco por ciento de la cifra de ingreso en calidad de tasa. O sea, unas empresas, bancos, que anuncian beneficios anuales superiores a cinco mil millones de euros. O sea, unas empresas, bancos, que anuncian cierres de sucursales y despidos masivos. O sea, que unas empresas pretenden además de dar un servicio pongamos el último miércoles de cada mes, de ocho y media a diez, cobrarnos más de un veinticinco por ciento del importe ingresado para cubrir un servicio como el agua, que es un bien público y universal. Y yo que intentaba creer en nuestra Constitución, en la abolición de las Casas de Usura. Y que más que nunca considero Casas de Usura y Usureros y Usureras a empleados, empleadas, directores, directoras, propietarios y propietarias, y por supuesto, accionistas.

Así que creo que debe ser una exigencia que nuestro ayuntamiento, como todos los ayuntamientos españoles, impidan a las Casas de Usura llevar este robo a la práctica. Que cierren sus cuentas en cada Casa de Usura que pretenda este robo, que denuncien estas prácticas, que informen y protejan a la ciudadanía de tal estafa. Así que exijo que en los pliegos de condiciones de cualquier contrata municipal se proteja a la ciudadanía de la obligación de tener una cuenta en una Casa de Usura para satisfacer el pago de los servicios básicos.

Y pido, os pido queridas personas, que despertemos antes de que sea demasiado tarde. Despertar como todas esas personas que con las Marchas de la Dignidad volverán a nuestra Plaza de Santiago el día 10 de mayo a las 10:30 de la mañana para seguir reclamando aquello que nos han robado, nuestros Derechos Constitucionales: trabajo, comida y techo (sanidad, educación, libertad de expresión, acceso a la cultura, ayudas sociales, bienes básicos…).

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