Agapito Morales es un nombre absolutamente ficticio. Podría ser el de un ciudadano cualquiera que trabaje en una Administración del Estado: Ayuntamiento, Diputación, Cortes Autónomas o el Congreso, da igual. Podría ser funcionario, político, un español de a pie o un periodista infiltrado. Pues Agapito sabe, de buena fuente, que un funcionario, un político y un empresario están maniobrando para que la empresa del último sea adjudicada por el segundo y con la colaboración del primero. Un hecho tan real como la vida misma desde que existen los contratos municipalizados o las adjudicaciones en cualquier administración. Yo te adjudico, tú me gratificas y santas pascuas.
Ahora los partidos grandes hablan de la Ley de Transparencia con la boca llena, cuando a sus muchos representantes imputados no los cesan ni ellos dimiten. El fraude institucional y bipartidista es tan gigantesco que nos hacen creer que el Sistema funciona porque existen sobre el papel unos códigos democráticos que amparan un Estado de Derecho con total transparencia. Pues bien, Agapito es testigo ocular y oyente de una trama corrupta que va a desembocar en una contratación irregular, una financiación ilegal y unas comisiones prohibidas.
Agapito se dirige al Fiscal Anticorrupción más próximo para denunciar lo que sabe, como ciudadano ejemplar. Pero el Fiscal le exige pruebas contundentes para que la Fiscalía acepte a trámite las sospechas, y como no las tiene le responde que sin datos concluyentes la cosa acabará palabra contra palabra en un simple careo y que por lo tanto no hay caso. Agapito se resiste y le dice al Fiscal que cuando un paciente tiene sospechas de una posible enfermedad acude al médico, y éste, mediante analíticas y pruebas complementarias determinará si los síntomas son una falsa alarma o los avisos son fundados y van en serio.
Eso es lo que quiero, dice Agapito al Fiscal, que haga lo que pueda para investigar si procede o no el caso. Si después de utilizar sus recursos la sospecha es infundada se cierran las pesquisas, pero si hay claras evidencias que se instruya el caso. Que si usted, seños Fiscal, recrimina que sin pruebas yo desista es como si el doctor me receta un antifebril cuando tengo neumonía. Yo vengo para que con las herramientas y recursos que dispone determine si estoy en lo cierto o me equivoco. Lógicamente el Fiscal le dice que naranjas de la china y ya tenemos el primer portazo.
Imaginemos que el Fiscal atiende las demandas de Agapito y le dice al juez que investigue un presunto caso de corrupción. El juez le pregunta al Fiscal si presenta pruebas fundadas y éste le responde que aún no, pero requiere que el juez autorice la investigación. El juez le dice al Fiscal que naranjas de la china porque sin pruebas no hay delito. Segundo portazo.
Pero imagínense que Agapito convence al Fiscal y éste al juez, porque está convencido de que tiene neumonía y no un simple resfriado. Entonces el juez ordena a la policía judicial primero, intervenir los teléfonos de los sospechosos para grabar las conversaciones; segundo, solicitar un inventario de sus bienes patrimoniales; tercero, recabar información sobre los movimientos de sus cuentas bancarias y cuarto, realizar un seguimiento que verifique dónde se reúnen, quiénes lo hacen y con qué frecuencia. Por último en qué condiciones se adjudica la contrata y la cuantía de la operación.
Si esto ocurriera Agapito respiraría tranquilo, porque tendría la seguridad de que la verdad, tarde o temprano, se sabrá porque todo está en buenas manos. Estaría tranquilo porque el diagnóstico médico acertó y va a recibir un tratamiento salvador. Estaría tranquilo porque el Estado de Derecho, con una Justicia ágil e implacable, iba a impedir tantos abusos desmantelando tramas ilegales que se burlan de los ciudadanos. Pero Agapito ni está tranquilo ni duerme, nadie le hizo caso. Los portazos crean indefensión.
