Sobrecogedoras las imágenes del derrumbe del puente Morandi, en Génova, donde la tragedia, que pudo ser peor, nos vuelve a poner sobre aviso. Días antes, sin daños personales irreparables, sucedió algo parecido en el muelle de Vigo, pero afortunadamente el susto fue de menor escala. Las hemerotecas están, con sus rigurosas estadísticas, recordándonos catástrofes en cualquier lugar del planeta, accidentes imprevistos que desvelan nuestra vulnerabilidad en cualquier momento. Es complicado prevenir y paliar imprevistos naturales, irrupciones volcánicas, terremotos, tsunamis o diluvios torrenciales, pero más grave resulta la negligencia humana.
Bochornosa y patética la sensación que produce el acuse de responsabilidades en el caso del muelle vigués. Que las distintas Administraciones Públicas no sepan, a estas alturas, a quién corresponde la propiedad del desembarcadero es absolutamente demencial, porque desde el principio de los principios, desde la recepción del atracadero una vez construido, alguien será su único dueño y administrador, escriturado en algún documento oficial que así lo corrobore, bien de la Autoridad Portuaria de Vigo, bien del Ayuntamiento, bien de la Xunta de Galicia. Ahora tienen que ser los peritos judiciales los que determinen quién es el último o único apoderado del desaguisado producido desde el minuto uno, si bien parece que corresponde al consistorio, por un convenio de 1992, por el que se compromete al mantenimiento.
Esta costumbre de echarse la pelota al otro tejado, muy española por cierto, me recuerda a las dos frustradas candidaturas de Madrid a los Juegos Olímpicos. Cuando nos visitó la comisión oficial del Comité Olímpico Internacional, lo primero que preguntaron a la delegación española fue que quién era el principal negociador e interlocutor: si el Ayuntamiento de Madrid, cuya alcaldesa era Esperanza Aguirre; el Gobierno de Madrid, que lo presidía Alberto Ruiz Gallardón, o el Gobierno de España. Y claro, con tres gobiernos paralelos y en danza; con partidas presupuestarias distintas entre concejalías, consejerías y ministerios; y acuerdos múltiples por cerrar con el sector empresarial privado, pasó lo que pasó: la casa sin barrer y la impresión de improvisación, quedando las candidaturas fuera de servicio.
Las grandes obras e infraestructuras públicas en nuestro país tiene todas el mismo patrón: se anuncian a bombo y platillo las adjudicaciones, se empiezan los trabajos de ejecución, se solicita posteriormente una modificación presupuestaria para ampliar el coste, se suele perder dinero en el camino porque nadie controla las memorias de calidades ni inspecciona las obras, se finalizan las construcciones, se inauguran con los cortes de cintas de rigor a mano de las autoridades, todos salen en la foto, se reivindican los méritos y las medallas y fin del proceso. Obra acabada y estrenada.
Puentes, acueductos, pasarelas, túneles, viaductos, carreteras, diques, terminales , son construidos con grandes esfuerzos y elevadas inversiones económicas, pero no son el fin de sus objetivos, sino el principio de sus destinos. Queda por delante un trabajo de control, de seguimiento, de mantenimiento prolongado y exhaustivo para evitar el envejecimiento de los materiales, su deterioro y erosión, sus exposiciones a la intemperie, sus lógicos estropicios por el paso de los años; ni más ni menos que al igual que los vehículos al pasar la ITV o las personas cuando necesitamos revisiones médicas periódicas.
Ya la Asociación Española de Carreteras alertó, en 2016, un déficit de mantenimiento de más de seis mil seiscientos millones de euros y denunciaba que serían necesarios mil quinientos millones anuales solo para conservar la red. Lo presupuestado para este año 2018 son novecientos diecisiete millones, muy lejos de lo mínimamente estimado como ineludible.
Respecto a los viaductos españoles semejantes al siniestrado de Génova, ubicados en Galicia, Cataluña, Andalucía y País Vasco, no hay información transparente de su estado de conservación; es más, tras el incidente del puente genovés el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha enrocado y no ha facilitado lista alguna de las gigantescas plataformas en las carreteras nacionales. Puesto que sí tiene el Gobierno la obligación de responder a las preguntas parlamentarias, un diputado de la oposición, Félix Alonso, ya ha formulado una batería de preguntas en el Congreso de Diputados.
Porque, amigos lectores, la seguridad es tarea de todos, más de quienes nos gobiernan; pero cuando toca lamer heridas y nos toca de cerca el proceso de las lamentaciones, desaparecen, como por arte de magia, los responsables. Será tiempo entonces de echar balones fuera, de acusaciones mutuas entre unos y otros y de prescribir delitos. Aquí ya estamos hartos de cuentos porque nos los han contado, y los seguiremos contando, eternamente.
