El Partido Socialista, tradicionalmente comprometido con la causa de las mujeres, conmemora un año más el día Internacional de la Mujer. Una conmemoración que se hace esta vez en un contexto de retrocesos históricos en materia de derechos y libertades en nuestro país, que hacen más necesaria nuestra presencia en la sociedad.
La ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo aprobada por el Gobierno socialista en el año 2010, que aborda de manera integral el derecho a la salud sexual y reproductiva, y cuyo objetivo es la reducción del número de embarazos no deseados y por tanto la reducción del número de interrupciones voluntarias del embarazo, a través de la información, la educación y la prevención, es una ley equilibrada, que garantiza los derechos de autonomía y la libertad de las mujeres. Todo lo contrario de lo que pretende el anteproyecto de ley del PP, porque con esta contrarreforma eliminan la prevención de los embarazos no deseados, el derecho a tener información y educación sexual en las escuelas, y deroga los esfuerzos por establecer estrategias en salud sexual y reproductiva para toda la ciudadanía.
La ley actual es una ley que funciona y ha resuelto gran parte de los problemas de inseguridad jurídica que aquejaban a la ley anterior de 1985. Es una ley que respeta y dignifica a las mujeres reconociendo plazos para que puedan decidir libremente, en la línea de los países europeos. Es una ley preventiva, aceptada por la mayoría de la población española, que trata por igual a las mujeres de distintas clases sociales, independientemente de la comunidad autónoma donde vivan.
Las razones que esgrimía el Partido Popular para su modificación no alcanzaban el cambio drástico que pretende darle. No aceptamos que se legisle contra la población, desconfiando de las mujeres, ni contra lo que funciona y es el sentir de los países de nuestro entorno.
Por todo ello, pedimos la retirada inmediata de un texto que muchísimas mujeres y hombres, tanto en España como en Europa, sienten como una auténtica agresión a la libertad y a la dignidad de las mujeres, a la dignidad de una ciudadanía que hace años ya ganó la batalla de poder elegir.
Denunciamos un proyecto legislativo que no sólo aumentará el número de abortos clandestinos sino que aumentará la mortalidad y la pérdida de salud y vida de las mujeres en nuestro país. Un proyecto que aumentará la desigualdad, y que volverá a dividir a las mujeres españolas entre quienes se pueden permitir viajar a un país vecino y acceder a un aborto seguro y las que no puedan y se vean obligadas a interrumpir su embarazo en condiciones ilegales y clandestinas, en nuestro país.
En definitiva, un anteproyecto de ley innecesario e inoportuno que no responde a ninguna demanda social sino a los intentos del gobierno del PP por contentar a sectores minoritarios y ultraconservadores, que tratan de imponer sus dogmas a toda la sociedad, y que no pueden aceptar las cotas de libertad, igualdad y presencia social que han alcanzado las mujeres en nuestro país, gracias en gran medida a las políticas de los gobiernos socialistas, que han hecho de la libertad un patrimonio colectivo que debemos defender ahora más que nunca.
En el retroceso de las libertades también la lucha contra la violencia de género sufre un importante revés, porque un año más el Gobierno de Mariano Rajoy ha reducido los presupuestos para combatirla y sigue dejándola fuera de sus prioridades.
Hemos conocido esta semana el estudio de la UE que revela los altos índices de violencia sexista. Nuestro país estaba trabajando bien para erradicar la violencia contra las mujeres.
Denunciamos que la reducción del presupuesto ya supera el 28% y que las reformas legislativas como la del Código Penal o la Reforma Local, vaciarán de contenido a la Ley Integral y dejará desprotegidas a las víctimas. En definitiva, estamos asistiendo al desmantelamiento por la puerta de atrás de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
La reforma laboral, la crisis y las políticas del PP están mandando a las mujeres de vuelta a casa, como lo demuestra el dato de que por primera vez en más de 30 años la Tasa de Actividad femenina, que siempre había crecido, está descendiendo. Estamos igual que el 8 de marzo pasado, peor si cabe, porque las mujeres deberían trabajar 82 días más al año que los hombres para poder cobrar la misma retribución anual, porque en España hay 28 millones de paradas, tienen la mayoría de contratos temporales y realizan el 80% del trabajo no remunerado. Esto no es casual, la derecha necesita que las mujeres asuman los servicios que el Estado está dejando de prestar con su política de recortes en la educación, en sanidad y en dependencia, por eso mandan a las mujeres de vuelta al hogar.
En las próximas elecciones europeas nos jugamos mucho, y especialmente las mujeres que son quienes más sufren con mayor vulnerabilidad las situaciones de desprotección y los retrocesos sociales tanto en España como en Europa. Nos jugamos la Europa del bienestar, de los derechos económicos y sociales, nos jugamos la Europa de las libertades y de la convivencia, nos jugamos la Europa que se reconoce diversa y garantiza la libertad y los derechos de todas las personas, de las mayorías y las minorías, de mujeres y hombres.
El PSOE se ha movilizado en defensa de los derechos y las libertades de las mujeres, y este 8 de marzo acompañará a la sociedad y a las organizaciones sociales y feministas en la reivindicación de los logros alcanzados, y haciendo un llamamiento a los hombres y mujeres de este país, a las instituciones y a las organizaciones para qué se sumen a esta conmemoración del Día internacional de las Mujer en toda España.
