Está comenzando la Feria de San Fermín, la del toro por excelencia. Aunque los buenos aficionados se disponen a disfrutar de algunos de los pocos festejos que conservan al toro bravo en su integridad como antítesis del fraude sufrido en la Feria de Hogueras la verdadera actualidad taurina está en Villena.
Como la Plaza de Toros es de propiedad municipal, quien quiera tener posibilidades de organizar una corrida de toros tiene que gozar de la Gracia de nuestros representantes políticos. Además, los organizadores designados para este año han sellado un pacto de silencio palabras textuales de uno de sus representantes para que no se pueda conocer ni el mínimo detalle hasta que decidan dar a conocer el cartel seleccionado.
Cada empresa marca sus propios objetivos y como cada empresa está en su derecho de hacerlo, nada hay que objetar a este respecto. Tan sólo opinaré que esa posición de evitar publicidad anticipada viene otorgada por la garantía de que nadie puede hacerles sombra dado el veto oficioso que sufren las demás empresas así como la seguridad del funcionamiento de la taquilla al 100 por 100.
De tal manera y según información bien contrastada, la próxima corrida del día 7 de septiembre la están organizando entre el concejal Juan Richart, la Peña Taurina Cultural Villenense y la Junta Central de Fiestas. Seguro que se trata de una buena combinación e insisto en que nada se puede alegar dado que se trata de una libre concesión, como lo ha sido en los últimos años.
Tan sólo si el Alcalde me lo permite me atrevo a sugerir que no sería lo más adecuado el hecho de que el concejal delegado por el M.I. para la planificación de este tradicional acto, pueda además coincidir con el de la máxima autoridad en el ruedo y en los corrales. Tengan en cuenta no porque yo lo diga, sino con la lectura de la Ley y el Reglamento Taurino que el presidente tiene el cometido de hacer diversas exigencias al empresario para que se garanticen los derechos de los espectadores. Como por ejemplo la elección de las reses en los corrales con muchos euros en juego, la decisión de devolver un toro al corral a cambio de un sobrero que deberá pagar la empresa como un sobrecoste y otras insignificancias por el estilo, que no deben estar en manos de quien hubiese participado en la designación del empresario contratista.
En cuanto a los cometidos de Peña y Junta, no serán precisas sus altas en el IAE dado que cuentan con los servicios de un empresario legalmente constituido, algo que tienen bien atado pues se trata de un hombre honesto que viene prestando sus servicios taurinos en Villena desde hace más de veinte años.
¿Esta UTE también pagará fianza? ¿Y los arreglos necesarios? ¿Para quiénes serán los beneficios? ¿Están de acuerdo las Juntas Generales de Socios de las entidades organizadoras? ¿Era esta la opción más ventajosa para el M.I.? Las respuestas pueden esperar hasta que se levante el pacto de silencio.
