Ponemos hoy punto y final a la trilogía estival Católica, Apostólica y Romana con la que, a mi juicio, es la columna más difícil de las tres. Criticar a la jerarquía eclesiástica por sus ataques a un científico, por muy ministro que sea, o por intentar seguir controlando nuestras mentes como antaño, está chupao. Intentar posicionarme respecto a la Ley de la Memoria Histórica no lo es tanto.
A primera vista, resulta fácil quitarse el muerto nunca mejor dicho de encima. Para ello basta con enarbolar una de esas frases huecas tan manidas en estos casos: es mejor no remover el pasado, estamos abriendo la Caja de Pandora, etc. Pero a poco que lo piense uno, no acaba de comprender ciertos miedos atávicos a hablar abiertamente de nuestro presente, léase el papel de la Monarquía en 2007 y siguientes, o de nuestro pasado, verbigracia la II República, la Guerra Civil y los 40 años de dictadura. Al fin y al cabo, no sé por qué no vamos a poder hablar con total normalidad de nuestra historia (para el que no lo sepa, es lo que he estudiado yo), y además, puestos a decir frases huecas, seguro que conocen esa que dice que el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo.
No removamos el pasado, nos repiten machaconamente quienes no quieren que salgan a la luz los atropellos propios y ajenos (que en nuestra guerra, y no seré yo quien lo discuta, no se libra ni el Tato). Pero, fieles a su tradicional hipocresía, y ya vamos centrándonos en la iglesia Católica, ellos venga a remover, con sus mártires para arriba y sus mártires para abajo. Los otros no tienen derecho a saber dónde están enterrados sus muertos ni a que les sean anuladas las condenas dictaminadas en esas pantomimas llamadas juicios sumarios, pero eso sí, cada dos por tres nos desayunamos con titulares tipo El Papa beatifica hoy a tropecientos nuevos mártires de la Guerra Civil. Seguiré sin ser yo quien critique estas acciones, porque libres son de hacerlo, pero entonces tendré que preguntarme por qué no dejan a los otros homenajear a sus muertos como Dios les dé a entender.
Ejemplo reciente y representativo sería el hecho de que el Arzobispado de Valencia esté estudiando en estos momentos la construcción de una basílica-santuario en un solar de 3.300 metros, en pleno centro de Valencia, con el objetivo de homenajear a los beatos mártires religiosos de la persecución religiosa de 1936. ¡Ni más ni menos que en Valencia, en su día capital de la República y a día de hoy una ciudad donde ni siquiera se les puede poner una lápida a las cientos, sino miles, de víctimas que se han encontrado en numerosas fosas comunes!
Consciente de lo peliagudo del tema, me voy a aferrar a lo que desde hace años viene defendiendo Paul Preston, prestigioso hispanista, Doctor en Historia por la Universidad de Oxford y catedrático de Historia Contemporánea española, además de miembro de la Academia Británica. Preston, entre cuya producción destaca su biografía de Franco, siempre ha reconocido la dificultad de legislar sobre la memoria colectiva de un país, pero también ha defendido que las injusticias que se cometieron durante la República, la Guerra Civil y la dictadura sólo pueden solucionarse a través de la ley.
No creo que la aprobación de la ley trate de reabrir heridas, porque lo cierto y verdad es que muchas de ellas están aún sin cerrar. En cualquier caso, sí tengo bien claro que no se puede compensar ningún muerto, pero reconocer la injusticia, encontrar los restos mortales y poder llorarlos es un derecho elemental de todos, no sólo de algunos.
