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Biar y Salinas se posicionan en contra de la ubicación del nuevo Palacio Justicia

Sus ayuntamientos se oponen mediante acuerdo de Pleno a la ubicación elegida por la Conselleria

Como ya hiciera el Ayuntamiento de Cañada, los municipios de Biar y Salinas también se han posicionado en contra, a través de sus Plenos Municipales, de la ubicación elegida por Conselleria de Justicia, dirigida por la socialista Gabriela Bravo. En las mociones aprobadas en los respectivos Ayuntamientos se insta a Conselleria a que “se replantee la ubicación del nuevo Palacio de Justicia de Villena”.

La alcaldesa de Biar, Magdalena Martínez, ha indicado que los escritos de protesta que han recibido en los Ayuntamientos “vienen acompañados de muchísimas firmas de funcionarios que trabajan allí que no están de acuerdo” y la alcaldesa considera también que no es el mejor sitio recordando que hay otros sitios que se plantearon la legislatura pasada con mejores condiciones, máxime cuando se quiere poner al lado de los bomberos y los bomberos se van a trasladar de allí.

Sobre el pronunciamiento acerca de un servicio cuya sede física está en Villena ha indicado que “estamos hablando de un servicio que afecta a todo el partido judicial, Benejama, Campo de Mirra, Cañada, Biar, Sax y Salinas, y habiendo una queja y un movimiento importante por parte de las personas que van todos los días y que van a usar ese edificio y teniendo en cuenta que el resto de municipios somos afectados porque vamos a tener que ir a parar allí, por lo que no solo es exclusivo de Villena sino que afecta a todos los ciudadanos del partido judicial, por lo menos tenemos que opinar, aunque la decisión no será nuestra”.

Desde el Partido Popular de Villena se lamenta la actitud del PSOE, que ni siquiera haya abierto la posibilidad de consensuar una ubicación alternativa a la propuesta con los más afectados y no haya querido dialogar y plantear alternativas de forma activa en lugar de limitarse a decir que no hay más opciones.

“Cuando los ciudadanos plantean alternativas al proyecto de supresión de paso a nivel por Rosalía de Castro, desde el PSOE alegan que llegan tarde; cuando los ciudadanos plantean alternativas a la nueva ubicación del Palacio de Justicia, antes siquiera de que se hayan cedido los terrenos, no dan ni siquiera posibilidad, demostrando así su verdadero carácter y modelo de participación ciudadana. No se trata de buscar la parcela que más rápido permita la construcción, sino la mejor, aunque nos lleve algo más de tiempo pero no se debe solucionar un problema generando uno aún mayor” manifestaba el portavoz popular, Miguel Ángel Salguero.


Larga lista de rechazos 

Se suma así a la larga lista de rechazos que está suscitando esta decisión del PSOE. Los representantes en Villena de los Ilustres Colegios de la Abogacía (ICALI) y Procuradores de Alicante (ICOPAL) solicitaron el pasado mes de octubre al Ayuntamiento, a través de un escrito, que reconsiderase su postura y propusiese una ubicación alternativa indicando que la decisión no ha sido ni consultada ni consensuada con los colectivos que trabajan en la sede judicial en ningún momento. El escrito iba a acompañado de un segundo documento firmado por los funcionarios de los distintos cuerpos de la Administración de Justicia en el que manifiestan igualmente su oposición. Además de ello, desde ICALI también se remitió una carta directamente a Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública solicitando que reconsiderasen la decisión.

En octubre, el Partido Popular de Villena presentó una moción al Pleno, rechazada por Verdes y PSOE, en la que se solicitaba que el ayuntamiento de Villena “muestre su rechazo a la ubicación de los nuevos juzgados propuesta por la Conselleria de Justicia, rechace ceder a Conselleria los terrenos solicitados y reclame a la Generalitat que se replantee la ubicación de la parcela consensuándolo previamente con los trabajadores y usuarios de los juzgados”.

El PP también llevó el rechazo a esta ubicación a las Cortes Valencianas, a través del portavoz de justicia, Pepe Císcar. En aquella ocasión Císcar pidió directamente a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en primer lugar, que “cuando se planifique una nueva sede judicial cuente con los colectivos que la van a utilizar”.

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