El Ayuntamiento de Cañada rechaza la ubicación del nuevo Palacio de Justicia
Es el primero de los Ayuntamientos del partido judicial en posicionarse, pero todo parece indicar que no va a ser el último
El Ayuntamiento de Cañada remitió al de Villena, el pasado martes, el acuerdo de Pleno del 19 de enero sobre la moción aprobada para solicitar a la conselleria que se replantee la ubicación del nuevo Palacio de Justicia de Villena.
Es el primero de los Ayuntamientos del partido judicial de Villena -compuesto por Villena, Sax, Biar, Cañada, Campo de Mirra, Benejama y Salinas- en posicionarse sobre este tema. Aunque todo parece indicar que no va a ser el último.
Se suma así a la larga lista de rechazos que está suscitando esta decisión del PSOE. Los representantes en Villena de los Ilustres Colegios de la Abogacía (ICALI) y Procuradores de Alicante (ICOPAL) solicitaron el pasado mes de octubre al Ayuntamiento, a través de un escrito, que reconsiderase su postura y propusiese una ubicación alternativa indicando que la decisión no ha sido ni consultada ni consensuada con los colectivos que trabajan en la sede judicial en ningún momento.
El escrito iba a acompañado de un segundo documento firmado por los funcionarios de los distintos cuerpos de la Administración de Justicia en el que manifiestan igualmente su oposición. Además de ello, desde ICALI también se remitió una carta directamente a Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública solicitando que reconsiderasen la decisión.
En octubre, el Partido Popular de Villena presentó una moción al Pleno, rechazada por Verdes y PSOE, en la que se solicitaba que el ayuntamiento de Villena “muestre su rechazo a la ubicación de los nuevos juzgados propuesta por la Conselleria de Justicia, rechace ceder a Conselleria los terrenos solicitados y reclame a la Generalitat que se replantee la ubicación de la parcela consensuándolo previamente con los trabajadores y usuarios de los juzgados”.
Rechazo en las Cortes Valencianas
El PP también llevó el rechazo a esta ubicación a las Cortes Valencianas, a través del portavoz de justicia, Pepe Císcar. En aquella ocasión Císcar pidió directamente a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en primer lugar, que “cuando se planifique una nueva sede judicial cuente con los colectivos que la van a utilizar”.
