La economía sumergida deja sin protección a más de 130.000 trabajadores de la provincia
El trabajo en negro condena a pasar sin ingresos de ningún tipo la crisis de la Covid-19 a decenas de miles de alicantinos
Lo que Hacienda no ve durante la campaña de la renta tampoco es visible para el Ministerio de Trabajo durante el estado de alarma. Lo que en el primer caso se puede traducir en una «ventaja» para empleadores y empleados que pagan menos impuestos, en el segundo se convierte en un daño autoinfligido que limita los recursos públicos para afrontar la pandemia y deja a los trabajadores a merced de una crisis de dimensiones desconocidas con la caridad y las ayudas sociales como única protección.
Es el pronóstico para las 130.000 personas que viven exclusivamente de la economía irregular en la provincia. Sin posibilidad de obtener ingresos y sin paro, su subsistencia durante el estado de alarma depende de ahorros, de la solidaridad familiar y de ayudas sociales de ONGs, voluntariados y Ayuntamientos. Representantes de estos colectivos piden al Gobierno la aprobación de una renta básica ciudadana como «única manera de salir de esta situación», como expresa Isabel Matute, del colectivo de aparadoras de Elche.
Además, en la provincia existen otros 80.000 trabajadores parcialmente sumergidos cuyos ingresos se van a ver severamente recortados si están afectados por un ERTE, ya que sus prestaciones por desempleo son proporcionales a las horas de su contrato y no a la jornada real trabajada. En total, en Alicante podría haber 215.000 trabajadores desprotegidos total o parcialmente durante la crisis de la Covid-19 por culpa de la economía sumergida.
Estimaciones
En criminología se llama «cifra negra» a los asesinos que la policía no tiene en su radar y que, sumada a la de criminales conocidos, completaría el número de personas que han cometido asesinato. Con la economía irregular ocurre algo parecido, por lo que todos los intentos por medir cuántos trabajadores permanecen ocultos para la Administración son puras estimaciones.
Como señala la secretaria general de UGT en l’Alacantí, Yaissel Sánchez, «los únicos datos reales que tenemos son los de la Inspección de Trabajo», institución que en 2019 detectó 9.437 empleos irregulares en la provincia, según información facilitada por el Ministerio de Trabajo. «Eso es la punta del iceberg. Normalmente el empleo aflorado se debe a grandes operaciones. Los inspectores van a defraudadores muy significados, mientras que la mayor parte del tejido sumergido es mucho más difusa. El número real debe ser, me temo, siete o nueve veces mayor», apunta el catedrático de Economía Aplicada de la UA Josep-Antoni Ybarra.
La opinión del académico coincide con la estimación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del empleo informal en España, porcentaje que, aplicado al último dato de población ocupada en la provincia de la Encuesta de Población Activa (EPA), proporciona la estimación que articula este reportaje. Así, si en nuestro país existe un 17,3% de empleo oculto y otro 9,9% parcialmente sumergido según la OIT, y en la provincia hay 787.700 personas ocupadas, se obtienen las citadas estimaciones.
Sectores
Esos números tienen cara. Isabel Matute, portavoz de la Asociación de Aparadoras de Elche, responde «yo misma» cuando se le pregunta por algún caso en su entorno el que se den a la vez la imposibilidad de trabajar para el calzado por el confinamiento y la inexistencia de prestaciones por desempleo. «Las fábricas han parado todos los pedidos y no entra nada. El dinero que tenía en casa se acabará pronto. Me apoyo con la familia, que nos está ayudando y no deja que pasemos hambre. Hemos dejado de pagar la luz y las letras de la hipoteca», explica la miembro más expuesta de este colectivo que denuncia las condiciones de trabajo de miles de personas de la industria zapatera, uno de los sectores con mayor actividad irregular de la provincia.
Otra de las industrias alicantinas más castigadas por la informalidad es la hostelería. En este caso, conviven los trabajos en negro con la práctica de hacer contratos por muchas menos horas de las que realmente trabajan y cobran los trabajadores. «En restauración, cafeterías y en algunos hoteles es habitual tener una jornada de cinco horas que se alarga tres horas o más», apunta Yolanda García, del colectivo de camareras de hotel de Benidorm conocido como las Kellys. De este modo, el porcentaje de su salario cubierto por el paro, bien durante el periodo de duración del ERTE o por haber sido despedidos, queda reducido al mínimo. García recuerda que «muchos hosteleros mandaron a la calle a la plantilla antes de que el Gobierno decidiera prohibir los despidos durante el estado de alarma».
Por su parte, José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), señala que en otro de los grandes focos de irregularidad, la agricultura, «se van a continuar produciendo abusos durante el confinamiento por la ausencia de inspecciones» en las fincas agrícolas. «En una provincia como Alicante, con trabajos en domicilios y en talleres irregulares, muchas personas se van a encontrar con que las únicas ayudas que tienen son las que apruebe el Gobierno para colectivos vulnerables», lamenta Mollinedo.
Autor: Andrés Valdés. Lea el reportaje completo en Información
