Los Verdes ‘aceptan pero no comparten’ la sentencia sobre la celebración de una corrida de toros
El alcalde, Francisco Javier Esquembre, ha expresado su disconformidad con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que condena al ayuntamiento a costas, valoradas en 2.000 euros, y cuestiona su legitimidad para denegar la celebración de espectáculos taurinos.
Según Esquembre, la sentencia, que aceptamos, como no puede ser de otro modo, pero no compartimos, tiene de positivo que nos permite saber cómo actuar si vuelve a darse un caso similar. Además, considera que el Tribunal ha equivocado el debate, porque el ayuntamiento no ha prohibido nada ni tiene competencias para dictaminar si las corridas de toros son legales o no, únicamente ha decidido no ceder un espacio público y creemos que tenemos la legitimidad para ello, porque entendemos que las corridas son un acto cruento e inmoral y pensamos que nadie puede obligarnos a hacer algo que no consideramos correcto.
En este sentido, el alcalde ponía un ejemplo: Si en lugar de toros, habláramos de encerrar a seis perritos en la plaza y acuchillarlos, todo el mundo, incluidos los aficionados taurinos, entenderían nuestra postura.
¿Y ante una nueva petición?
Preguntado por cuál va a ser la postura del ayuntamiento ante una nueva solicitud de la plaza para realizar una corrida de toros, algo que va a suceder sí o sí, Esquembre señalaba que estaríamos en las mismas. Entendemos que nadie puede venir de fuera a decirte que estás obligado a asfaltar tal o cual calle, y por la misma razón tampoco pueden imponerte ceder un espacio público si consideras que la actividad que se va a desarrollar no es correcta, apuntaba.
Recurso al Supremo
Por último, el alcalde señalaba que cabe la posibilidad de recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo, que en muchas ocasiones enmienda a los TSJ, pero es un procedimiento caro que seguramente no valga la pena. Tal vez podríamos conseguir una reparación moral, pero está en juego el dinero público y vamos a estudiarlo muy bien antes de tomar esa decisión, aunque pase lo que pase vamos a seguir pensando que el ayuntamiento debe de tener derecho a decidir cómo se usan las instalaciones de su propiedad.
