De nuevo ha saltado la polémica en el Pleno. No es que en los plenos, municipales o autonómicos, y desde luego que en el máximo foro de representación, el Congreso de los Diputados, no sean necesarios los cruces dialécticos, pues forman parte del juego democrático y cada uno debe cumplir con su rol, pero argumentando, exponiendo y, sobre todo, sin llegar a lo indeseable: la descalificación, el insulto, la humillación pública y el menosprecio personal. Eso es lo que ha ocurrido en el último Pleno Municipal, donde el morbo de lo indiscreto y los malos modos sustituye al sentido común.
El debate se origina en torno a la adjudicación o no de la empresa Grupo Generala como encargada de prestar su servicio de recogida de basuras y limpieza. Hasta aquí todo normal, pues parte como la mejor colocada en cuanto a presupuesto, rendimiento y servicio, avalado además por los técnicos municipales. Lo del visto bueno de los técnicos es siempre relativo, pues aunque lo que más se valora en la recomendación de una empresa, respecto a las demás concursales, es el abaratamiento de costes y su óptimo rendimiento a lo que exige el Pliego de Condiciones, no siempre se acierta. En ocasiones una oferta más económica no es sinónimo de mayor calidad, ni la aparentemente más ventajosa es la mejor, por eso hay que hilar muy fino.
Otras veces es la más cara la que tira para atrás, pero su compromiso de calidad-precio está fuera de toda duda, porque su aval es un curriculum intachable, cumple con legales contrataciones, aplican mejoras no contratadas ni presentadas y a lo largo del periodo de adjudicación no presentan ni sospechas sobre el servicio ni tampoco causan problemas. Yo no diré nunca que el Grupo Generala no sea profesional, hasta que se demuestre lo contrario. Pero es cierto que su escaso margen de beneficio llama poderosamente la atención, y aunque los términos sean beneficiosos para el ayuntamiento habría que ver, entonces, las condiciones de precariedad, o no, de sus empleados. Pero mi propósito no es sospechar de la empresa.
El caso es que Juan Richart sí que genera sospechas. Primero por su política chantajista con el anterior equipo de gobierno, rompiendo en dos mitades el equipo de Celia Lledó; luego por estar acusado de un delito de prevaricación cuyo juicio está próximo; más tarde por mantener un pulso dentro de su nuevo partido, VCD, y con su líder Juan Carlos Pedrosa, partiéndolo en dos también, al tiempo de querer eliminar a sus dos cargos de confianza, supuestamente por desavenencias, nunca aclaradas de puertas afuera; desde toda la legislatura manteniendo posturas de fuerza contra otros ediles, verdes y socialistas; ganándose a pulso no fama de negociador, sino de chulería, camuflada de altanería, entre vecinos y funcionarios y, para finalizar, le restriega en la cara a Chimo Valiente, en un Salón de Plenos, sus problemas económicos personales.
Habrá que esperar si el juicio pendiente resuelve contra él, pues además de las consecuencias políticas y jurídicas debería soportar los mismos reproches públicos y privados que ha ido sembrando él solito por ahí; y ya se sabe que quien siembra luego recoge, so pena que lo sembrado sea odio y mierda. Por todas estas conductas, sin olvidar aquel rifirrafe con Isidro Gosálvez con heridas de guerra de hombro incluido, Richart es sospechoso de no ser un concejal diplomático, constructivo, generoso, solidario y afable. Justo lo contrario. El tiempo dirá si un día es gerente del Grupo Generala o no, así que no seré yo quien juegue a adivinanzas. Y en cuanto al alcalde, Patxi Esquembre, un suspenso en la gestión del debate, pues jamás debería consentir un acoso, fuera de lugar y desproporcionado, de un concejal de su gobierno hacia otro de la oposición. Y por reiteración existe un Decreto de Alcaldía donde se puede cesar a un impresentable, aunque se pierda la mayoría.
