Medio Ambiente

La Junta Central de Usuarios asegura que la Comisión Europea no ha estudiado la toma en el Azud de Antella

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacantí y Consorcio de Aguas de La Marina Baja ha recibido en la mañana de hoy, 8 de octubre, escrito de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea firmado por el jefe de Unidad, Sr. Niessler. Desde la Junta Central se entiende que el Ministerio de Medio Ambiente ha traspasado la línea de la mínima ética al hacer público a los medios de comunicación este escrito, el pasado 4 de octubre, 4 días antes de recibirlo su destinatario, esta Junta Central, por lo que nos reservamos todas las acciones legales que este hecho pueda conllevar.
Hecha la lectura y analizado el escrito, comprobamos que desgraciadamente la Comisión Europea no ha estudiado nuestra propuesta de “Toma en el Azud de Antella”. Puesto que la documentación técnica con el Anteproyecto de Toma en el Azud de Antella fue remitido por esta Junta Central a la Unión Europea el pasado 17 de julio del 2007(se adjunta escrito), comprobamos que lo único que han analizado los técnicos de la Unión Europea son los correos electrónicos de fechas 18 y 19 de Junio donde únicamente comunicamos la idea del cambio de toma y que nuestros técnicos están trabajando en el estudio y que será remitido antes del 20 de julio, como así lo hicimos.

Vaya por delante nuestro agradecimiento a los técnicos europeos, pero el escrito hoy recibido y la falta del estudio comparativo comprometido por la Unión Europea, única y exclusivamente hay que enmarcarlo bajo la presión a la que están siendo sometidos por parte del Gobierno de España.

La Junta Central va a seguir trabajando para que la provincia de Alicante pueda recibir agua de calidad y en cantidad suficiente tanto para regadío como para abastecimiento, y entre las acciones que ya se han puesto en marcha después de nuestra última Junta de Gobierno de 25 de Septiembre destacan: dar traslado a la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) de toda la documentación que hasta ahora dispone la Junta Central; reuniones urgentes tanto con el Presidente de la Comisión Europea como con el Presidente del Gobierno de España; poner en conocimiento del defensor del pueblo los 93 escritos remitidos y no contestados a los órganos del Ministerio de Medio Ambiente solicitando información y diálogo, sin abandonar las vías legales emprendidas hasta ahora y la Reclamación Patrimonial de los gastos y perjuicios de la modificación del Proyecto.

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