Las familias llaman a una “guerra judicial” contra la “imposición” del valenciano
Ya ganaron en los tribunales al conseller Marzà en 2017 cuando trató de aplicar su política lingüística mediante decreto
Los padres y madres de alumnos de la educación pública valenciana agrupados en la confederación Covapa han mandado una circular a todas las AMPAs y APAS para que exijan a la Generalitat que “posponga" la imposición del valenciano en el próximo curso.
Quieren que en el seno del Consejo Escolar de cada centro "se paralice la implantación de los Planes Lingüísticos de Centro (PLC) en las etapas de educación secundaria, bachillerato y formación profesional” que han de ser aprobados antes del 28 de febrero.
Esos PLC suponen la aplicación del valenciano como lengua vehicular en el 25% de asignaturas troncales en todos los centros a partir del curso 2021-22.
No obstante, conscientes de que, en la mayoría de casos, los PLC serán aprobados por las direcciones y el profesorado al margen de los padres y remitidos a la Conselleria que dirige Vicent Marzà para su aprobación final, ya plantean el paso siguiente: presentar un recurso judicial centro por centro contra la Conselleria.
No es la primera vez. Los padres ya ganaron una "guerra judicial" en 2017, previa a la elaboración de la Ley, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tumbó el mismo plan desarrollado mediante un decreto. Junto a ellos, ha surgido el colectivo Docentes por la Libertad Lingüística, que aglutina a cientos de profesores en diferentes comarcas.
Limitada la participación
Los padres se amparan para su denuncia en que, debido a la situación de pandemia, no ha existido “información, debate, diálogo y consenso” sobre este proceso, incumpliéndose las “condiciones e información necesarias para que, como recoge la propia Ley, sea un instrumento para la transparencia, la eficacia y el trabajo conjunto de los centros, las familias y la administración educativa”.
En este sentido, y apelando a la situación extraordinaria de pandemia, aconsejan a los centros educativos que “se comunique a la Administración la advertencia de que en este centro no se ha podido cumplir el carácter participativo del proceso”, dado que es “más que evidente que la situación actual no posibilita condiciones adecuadas que favorezcan la participación de las familias”.
