En el artículo 25.1 de nuestra Constitución se resuelve que las penas privativas de libertad deben de estar orientadas a la reinserción y a la reeducación. No es nuevo ni está recientemente inventado. Ya la malagueña Victoria Kent, Directora General de Prisiones por un corto tiempo en la II República, emprendió una reforma penitenciaria con el objetivo de humanizar las prisiones y rehabilitar a los reos, mejorando su alimentación, la libertad de culto de los reclusos, la ampliación de permisos por cuestiones familiares, la creación de un cuerpo femenino en el funcionariado de prisiones y la extinción de grilletes y cadenas, siendo su modelo exportado a los países centroeuropeos. Más aún, impulsó la primera cárcel de mujeres, la Modelo, que provocó las quejas de su Presidente, Manuel Azaña, quien le reprochó que me parece bien tu reforma, pero no te ordené un hotel de lujo para las presas.
El treinta de junio de 2003 entró en vigor la Ley Orgánica 7/2003, Ley de Cumplimiento Íntegro y Efectivo de penas, hecha a medida para perfiles de terroristas pero aplicable también a personas que por su excepcional violencia merecían castigos ejemplares. Mediante esta Ley se incrementaban las penas máximas de prisión de treinta a cuarenta años y se estableció el tercer grado para aquellos reos que cumplieran las cuatro quintas partes de la condena; así como la libertad condicional cuando alcanzaran las siete octavas partes. Es decir, que una condena de cuarenta años podría reducirse a treinta y dos si alcanzaba el tercer grado y a treinta y cinco si conseguía acceder a la libertad condicional. Lógicamente estas rebajas estaban condicionadas a varios requisitos: arrepentimiento incontestable y público, perdón a las víctimas, colaboración con la justicia para prevenir más delitos y el pago, a través de una indemnización a las víctimas, por responsabilidad civil.
Esta Ley del Código Penal garantizaba el cumplimiento casi íntegro de las penas, siendo en realidad una condena permanente encubierta. Nadie alzó la voz entonces, ni el PSOE, ni siquiera el PNV, primer denunciante hoy a la condena permanente revisable y puesta en marcha en 2015, una condena permanente que rebaja considerablemente el nivel al poder excarcelar a determinados individuos cumplidos los veinticinco o treinta y cinco años. Los que ahora quieren derogar la ley vigente atribuyen en sus argumentos el humanitarismo, la posible anticonstitucionalidad de la Ley y que no disuade de posteriores crímenes a otros energúmenos violentos.
Quien esto escribe tiene el corazón y el pensamiento ideológico de izquierdas, pero no por ello coincido con las premisas caritativas y paternalistas de las corrientes de izquierdas en este asunto. Creo que la Justicia debe tener, sobre todo, empatía. Empatía con las víctimas y sus familiares, pues las vidas sesgadas gratuitamente jamás volverán a regresar. La empatía hacia la víctima es incompatible con la permisividad de quienes han generado un daño irreparable y si bien es cierto que la obligación del Estado, a través de los recursos de Instituciones Penitenciarias, es reeducar y reinsertar socialmente a peligrosos malhechores, no es menos cierto que esta buena declaración de intenciones queda en una quimera.
Me impactó sobremanera hace años la película La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick. En ella, el sanguinario protagonista es objeto de revolucionarias técnicas terapéuticas y rehabilitadoras que parecen consigue curar definitivamente al infame personaje. No obstante ficción es la película y su moraleja. En la cruel realidad hay psicópatas, asesinos en serie, que reinciden al salir de prisión, violadores compulsivos que recaen en sus instintos, pederastas que, una vez en la calle, vuelven a la caza de vulnerables niños o personas que, como el caso más reciente, acaban con la vida de una criatura inocente e interpretan un melodrama teatral solidarizándose con la familia del churumbel al encontrarse desaparecido.
No nos engañemos, no existe un seguimiento policial a los peligrosos presos que salen de la cárcel, no existe tampoco una reinserción social porque nadie se fía de quienes cometieron barbaridades y es imposible una integración laboral porque están marcados de por vida. Al fin y al cabo se ganaron el descrédito a pulso. Porque quienes han demostrado en libertad que son una amenaza a la integridad física de los demás se están cerrando las puertas, ellos mismos, a una segunda oportunidad. Sinceramente, no me agradaría encontrarme por la calle a un atroz etarra, a un yihadista inhumano o a un violador obsesivo. Y para finalizar, me parece una estupidez el término de revisable cuando en este país siguen prescribiendo los delitos.
