Ciudadanos

Ciudadanos pide medidas frente a la “okupación” ilegal de viviendas

La legislación actual es muy permisiva y está llena de trabas y burocracia que perjudica a los legítimos propietarios

Mediante una moción presentada al Pleno Municipal de este mes, Ciudadanos pide a la corporación municipal “apoyar una iniciativa dirigida a la defensa de la propiedad privada y a regular la situación de “okupaciones” ilegales de viviendas y locales”.

La necesidad y el derecho habitacional de las personas no puede servir para permitir la “okupación” ilegal de propiedades privadas, viviendas y locales, con el perjuicio que supone para los propietarios. La legislación actual es muy permisiva con los que okupan ilegalmente un inmueble o local, y está llena de trabas y burocracia para recuperarlos a los legítimos propietarios.

Hay que fomentar con rotundidad medidas sociales para solucionar el problema habitacional de familias vulnerables y que tienen el derecho constitucional a una vivienda digna, pero igualmente y con la misma rotundidad, hay que luchar contra la ocupación ilegal de viviendas y locales, y poner los mecanismos para que los propietarios de los mismos recuperen rápidamente sus propiedades.

Por ello “Ciudadanos” presenta esta moción pidiendo al Ayuntamiento, previo informe técnico de la situación real y exponencial de viviendas susceptibles de okupación en Villena, elaborar un Plan Municipal contra la ocupación ilegal de viviendas, en coordinación con el gobierno de la Generalitat Valenciana y en consonancia con las medidas que esta adopte con ese fin, que incluya tanto medidas de refuerzo en la seguridad y vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal, como asesoramiento y orientación jurídica para los afectados.

Habría que potenciar la coordinación y cooperación institucional para reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal, entre Policía Local y otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y con la Administración de Justicia.

Solicitamos instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales, a promover todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana, y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas y locales, agilizando todo lo posible los juicios relacionados, además de reforzando las competencias de los Ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia ciudadanas.




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