El edil de Limpieza Viaria y RSU, Francisco Iniesta, ha salido al paso de la denuncia formulada por la empresa Andacar 2000, S.A. por el impago por parte del ayuntamiento de lo adeudado por el suministro de dos furgonetas para el servicio de limpieza.
Iniesta recordaba que la licitación y adjudicación se produjo la pasada legislatura, entregándose los vehículos en enero de 2019, 6 meses antes de que el equipo de gobierno tomara posesión de su cargo. En la recepción de los vehículos se dio cuenta de la existencia de algunas deficiencias, como la falta de airbag laterales y algún elemento antiicendios, tal y como se refleja en el acta de recepción, firmada por el jefe del servicio de RSU y el Interventor municipal, “y también por el representante de la empresa”, indicaba el concejal.
Además, añadía, se dio otro problema: “la demora en la entrega de los vehículos, porque las emisiones de su motorización no era la contemplada en el pliego, y por lo visto la marca tardó en suministrar los vehículos adecuados a la empresa más tiempo del previsto”.
Así, “el ayuntamiento abrió un expediente sancionador contemplando tanto las deficiencias como la demora”. Posteriormente, añadía, “se comprobó que las deficiencias se habían subsanado o, directamente, en el caso de los airbag, no existían, por lo que se instó al Departamento de Intervención a modificar el expediente, contemplando solo la demora en la entrega, mientras que por parte de la concejalía tanto el responsable del servicio de limpieza como el propio concejal hemos firmado puntualmente las facturas correspondientes”. El problema, puntualizaba, “es que habiendo un expediente abierto, Intervención suspende los pagos hasta que el expediente quede resuelto y de ahí viene la demora en los pagos”.
Preguntado por la falta de respuesta al recurso de reposición de la empresa, Iniesta señalaba que “es precisamente la resolución de ese recurso lo que va a permitir normalizar la situación y que se pague a la empresa. El problema es que el recurso llegó en febrero, y con la pandemia y el estado de alarma se ha retrasado todo el procedimiento”.
Según el edil, el dinero adeudado a la empresa asciende a unos 6.100 euros, pero la penalización por el retraso en la entrega de los vehículos se ha valorado en 4.800, a la espera de ver cómo concluye el expediente.
La voluntad del ayuntamiento es “resolver el asunto lo antes posible y pagar a lo adeudado a la empresa”, concluía Iniesta, subrayando que “cuando el ayuntamiento contrata no tiene ninguna intención de perjudicar a nadie, pero existía un pliego de condiciones y no se ha cumplido”. Por ello, apuntaba que “si el pliego exige una motorización o unas emisiones concretas y no tienes la certeza de poder suministrar esos vehículos, a lo mejor lo correcto hubiera sido no presentarse al concurso”.
